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Opinion on judiciary reform

Sobre la reforma del poder judicial
 

Sobre la reforma del poder judicial

de Ramón Pérez Amoedo, socio de MAIO Legal
 
Dentro de las aberraciones legislativas que se suceden día a día, quizá la de mayor calado y más difícil de comprender es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende sacar adelante el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Es una amplia reforma de la propia estructura y funcionamiento de Jueces y Tribunales. Pero la parte que más afecta a los ciudadanos es sin duda la eliminación de los Juzgados en todas las ciudades y villas que no sean capital de provincia, pasándose a un único Tribunal Provincial de Instancia con sede en la capital de la provincia. Además, desaparecerían las Audiencias Provinciales y las apelaciones se ventilarían en sede del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
 
Justifica el Ministro la reforma en que los partidos judiciales eran propios del siglo XIX cuando “los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, convenía una presencia territorial difusa de la judicatura”. Parece que el Señor Ministro nos dice que cojamos el coche, el tren o el bus si queremos tener justicia.
 
No se trata de que los Abogados o Procuradores tengamos que desplazarnos a la capital de provincia a diario, pues para mí ése no es el problema. Hay otros más evidentes:
 
¿Qué hacemos con todos los funcionarios que están en las sedes judiciales que se pretende eliminar? Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Forenses…
 
¿Qué hacemos con los edificios a los que se priva de utilidad?
 
¿Cómo se centraliza en una sola ciudad todos los servicios jurídicos que antes estaban en varias? Es evidente que tendrían que construirse nuevos edificios e infraestructuras.
 
¿Qué sentido tiene que un ciudadano de Tuy, Ponteareas, Vigo o Lalín tenga que desplazarse a Pontevedra para obtener justicia?
 
¿No será esto motivo para que los testigos no acudan a los juicios? Por ejemplo, en cuestiones de tráfico, ¿irán los Agentes de la Policía Local de Vigo a testificar a Pontevedra por los accidentes ocurridos en el casco urbano de Vigo?
 
Más bien, parece que detrás de todo puede existir un anhelo de que el ciudadano acuda cada vez menos a los Tribunales de justicia y opte por otras vías. Lo que sin duda, puede resultar peligroso.
 

“El derecho a guardar silencio”

Cuestiones Legales

Ramón Pérez Amoedo, socio de MAIO Legal y autor de esta publicación.
 

El derecho a guardar silencio

 
Desconozco si alguno de los lectores ha pasado el trance de ser detenido, o de tener que declarar como imputado ante un Juez. Cuestión que planteo ante la importancia que tendrá en el futuro la primera declaración que se preste en Comisaría o Juzgado.

 
El derecho a guardar silencio, no declarar contra sí mismo o no declararse culpable es un derecho constitucional, y como tal debe ser instruido el detenido o el imputado por el Juez o la Policía en el momento de sentarse a declarar. Observo cómo en muchas ocasiones se tiene miedo a hacer uso de ese derecho, y son varias las ocasiones en que el cliente es reticente a seguir las instrucciones que les damos de “callar”. Pero más sorprendente es cuando el abogado permite que su cliente hable y hable en la primera comparecencia ante el Juez, o incluso en Comisaría, donde es fundamental no decir nada. Tengamos en cuenta que cuando la Policía toma declaración al detenido, éste aún no ha podido entrevistarse con su abogado, y el abogado tampoco ha tenido acceso a la causa. En ese momento ninguno de los dos está en condiciones de escoger la mejor estrategia de defensa. Por muy inocente que uno crea que es, y por muchas ganas que se tenga de hablar y contar su versión, la mejor estrategia es negarse a declarar. Su declaración nunca le va a beneficiar y, en cambio, si incurre en contradicciones con otras pruebas, puede perjudicarle fatalmente. Es más, haga lo que haga, si está detenido, lo normal es que la Policía no le deje en libertad, sino que le ponga a disposición del Juez de instrucción, y ahí ya puede el detenido entrevistarse con su Abogado, y éste tener acceso a la causa.

 
En este sentido resultó significativa la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, al indicar:
“el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio”

 
No solo eso, es de aplicación la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, que ordena a los países miembros garantizar que los detenidos tengan acceso a la asistencia letrada antes de prestar declaración en comisaría.

 
El Tribunal Constitucional ha llegado a reconocer no sólo el derecho a no declarar, sino el derecho a no decir la verdad, y ha señalado que “los imputados en un proceso penal no están sometidos a la obligación jurídica de decir la verdad, sino que pueden callar o incluso mentir, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable“.

 
Y por si alguien se cree que el silencio de esa primera comparecencia le puede perjudicar, es bueno saber que el imputado tiene derecho a comparecer ante el Juez de instrucción cuantas veces lo solicite su defensa, siempre que la petición sea antes de que se decida la apertura de juicio.

Los ataques a sistemas de información bajo el enfoque penal de la Unión Europea. El caso español

Ángel Vallejo, Socio del área procesal. MAIO LEGAL.

 

La doctrina al uso maneja varias definiciones de la ciberdelincuencia, atendiendo, en unos casos, a los medios utilizados para perpetrar los crímenes y, en otros, al objeto que sufre los daños derivados del delito.
Con carácter general podemos hablar del conjunto de actividades delictivas realizadas por medio de redes de comunicación y sistemas de información electrónicos o bien realizados contra dichas redes o sistemas.

Nos centraremos en la segunda de estas referencias para revisar el actual tratamiento penal de los ataques a los sistemas de información.
Hace ya casi diez años el Consejo de Europa emitió la Decisión Marco 2005/222/JAI (DM), con el fin de cubrir ciertas infracciones penales relativas a tales ataques, esencialmente la piratería, la propagación de virus y los ataques por denegación de servicio. Se trataba de un texto acertado y que, en aquel momento, diagnosticó con eficacia ciertos problemas existentes y previó otros que estaban por llegar.

Sabemos, no obstante, que si diez años pueden ser un período importante en materias legales de orden civil o mercantil, un decenio, en el área de la tecnología de las comunicaciones y los sistemas, es una eternidad. Siendo simplistas, basta acudir a la ley de Moore (cuyo acta de defunción vienen anunciando consecutivamente, y sin éxito, ciertos gurús) para concluir que, solo en términos de potencia de procesamiento, los sistemas digitales han multiplicado, cuando menos, por veinte su capacidad desde que se aprobara la DM.

Hoy, en 2014, la cantidad y cualidad de peligros que en el ciberespacio acechan el libre comercio, la privacidad y la comunicación humana supera con creces lo que el legislador europeo previó, incluso con diligencia.
Fruto de la continuada investigación técnica y legal, y de la constatación empírica de la certeza y permanencia de algunos de estos peligros, nació la Directiva 2013/40 UE del Parlamento y Consejo Europeos (Directiva), que viene a sustituir a la citada DM de 2005.

Siendo éste un texto comprensivo de un buen análisis jurídico (lo estrictamente técnico no tiene cabida detallada, como es lógico), destacaremos hoy algunas cuestiones relevantes de la Directiva que nos pueden ser de utilidad.

Para empezar, atendamos a la definición de sistema de información contenida en su artículo 2, identificándolo como “todo aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de los datos informáticos, así como los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por dicho aparato o grupo de aparatos para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento”.

Para continuar, observamos la reiteración de la capital importancia de los sistemas de información como base y vehículo de la interacción social, política y económica en el seno de la Unión.

Y para terminar, aun sin ánimo exhaustivo, tenemos la constatación continua de la tendencia hacia ataques a mayor escala, cada vez más graves y recurrentes, contra tales sistemas, tanto públicos como privados, ataques que necesariamente deben tener respuesta, preventiva primero y sancionadora después.

La Unión urge a los estados a tratar estas materias con carácter prioritario definiendo normas mínimas sobre conductas que, constituyendo técnicamente un ataque a los sistemas de información, se consideren constitutivas de infracción penal, y estableciendo con claridad las sanciones penales pertinentes.

Para ver si el sistema penal español está en línea con lo que la Directiva nos requiere, observemos que nuestro Código Penal (CP) fue modificado en 2010, de conformidad con la anterior DM, específicamente en lo tocante a los artículos 197 y 264.

El artículo 197 recoge ahora como novedad sus apartados 3 y 8, que criminalizan el acceso no autorizado a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo, y también la permanencia en tal sistema contra la voluntad de quien legítimamente puede excluirlo del mismo.

Aparece también la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este preciso delito, si bien la comisión en el seno de una organización criminal (cuestión distinta y a veces confundida) conlleva una agravación de la pena a imponer. Esto es de la máxima relevancia, habida cuenta de la constatación de existencia de auténticas brigadas criminales cuyo campo de actuación es únicamente el ciberespacio.

El artículo 264 del vigente CP, por su parte, regula tanto el delito de daños informáticos como el más específico de sabotaje informático, quedando este último configurado como el conjunto de acciones tendentes a la destrucción o inutilización del soporte lógico de un ordenador, a fin de impedir el acceso o procesado de la información en él almacenada. Es muy importante comprobar que la intromisión ilegal en sistemas de información (con sus múltiples variantes de obstaculizar su funcionamiento o impedirlo introduciendo datos informáticos o borrándolos, alterándolos o haciéndolos inaccesibles, entre otras cosas) ahora sí está criminalizada, cuando el texto anteriormente vigente no tipificaba esta conducta.

Nuestro actual sistema penal recoge, pues, parte de las consideraciones que la DM hizo en su momento y habrá que cuidar de que el proyecto de modificación del CP recoja las directrices de la novísima Directiva. No está de más recordar que cualquier modificación del CP conlleva necesariamente un proceso normativo de Ley Orgánica, lo que explica en parte que la Directiva aún no haya tenido reflejo en nuestro derecho positivo.

La redacción actual del proyecto contiene, por un lado, algunas consecuencias directas de la Directiva, aunque por otro deja fuera varias de las referencias de la norma europea.

En este sentido, el proyecto sí prevé la criminalización (artículo 197.4) de la divulgación de imágenes o grabaciones íntimas de una persona que hubiera consentido en su obtención, pero no en su divulgación. A todos nos vienen a la mente los comportamientos en el seno de relaciones de intimidad en los que una de las partes hace públicas (a través de YOUTUBE o redes sociales, por ejemplo) imágenes estáticas, video y/o audio elaborados con el consentimiento de ambas partes pero divulgadas sin el consentimiento específico de publicación, distribución y/o divulgación de una de ellas.

Es esta una materia a la que otros países occidentales han dado una especial relevancia y seguimiento. En concreto, los EEUU cuentan ya con dos estados (California y New Jersey) en los que la llamada revenge-porn adquiere categoría de delito y se persigue activamente.

La preocupación por este tipo de comportamientos se ha extendido de la misma forma viral que los propios contenidos de divulgación no autorizada, y en los EEUU ha conseguido pasar por encima de las reservas que la American Civil Liberties Union formuló en su momento ante el proyecto criminalizador, reservas basadas principalmente en que esa restricción divulgativa contravenía la libertad de expresión prescrita por la primera enmienda de la Bill of Rights.

En nuestro país hay una regulación ad hoc en proyecto y no parece que el contenido de la misma vaya a confrontar las mismas prevenciones relativas a derechos civiles que se originaron en los EEUU.

Volviendo a España, sin embargo, con la actual redacción del proyecto, se echa en falta una regulación penal más detallada de los ataques a infraestructuras críticas según se recogen en el artículo 9 de la Directiva, de los ciberataques a escala masiva cuando causen daños graves y de la usurpación de identidad cuando ésta se cometa usando un sistema de información como vehículo.

En resumen, el legislador español parece ir por un buen camino a la hora de adaptar la normativa criminal a las exigencias europeas relativas a los ataques a los sistemas de información, pero es importante que no deje lagunas en algunos supuestos que, desde ya, se perciben como merecedores de una especial vigilancia normativa.