Archivo de la etiqueta: Área Mercantil y Societaria

El Consejero Delegado de una sociedad: competencias y nombramiento

Consejero Delegado

Para evitar que el Consejo de Administración de una sociedad se convirtiera en un órgano poco ágil, lo habitual venía siendo que el propio Consejo, fuese el encargado de designar entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados. Estos podían actuar bajo la premisa de que todas las facultades que correspondían al Consejo de Administración podían ser delegadas, excepto las denominadas “facultades indelegables”.

¿Qué facultades se consideran indelegables?

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del Gobierno Corporativo), en su artículo 249 bis, atribuye al consejo de administración como facultades indelegables, aquellas decisiones que se correspondan con el núcleo esencial de la gestión y supervisión:

  • La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.
  • La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.
  • La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230.
  • Su propia organización y funcionamiento.
  • La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.
  • La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a la que se refiere el informe no pueda ser delegada.
  • El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.
  • El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.
  • Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
  • La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.
  • La política relativa a las acciones o participaciones propias.
  • Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

Sala de juntas

¿Cuál es el procedimiento para la delegación de facultades?

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en el consejero delegado requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirá efecto alguno, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

En este sentido, será competencia del Consejo de Administración y no de la Junta General, la delegación de estas facultades. Cabría, no obstante, una excepción, que será la prohibición de dicha delegación vía Estatutos Sociales.

El contrato entre sociedad y Consejero

Como principal novedad, debemos destacar que cuando se procede al nombramiento de un Consejero Delegado, deberá suscribirse un contrato entre la sociedad y el Consejero Delegado, previa aprobación de las 2/3 partes de los miembros del propio Consejo de Administración. Se levantará acta de la citada sesión, a la que se acompañará como Anexo el contrato.

¿Qué debe ser objeto de regulación en el contrato entre la sociedad y el Consejero Delegado?

  • Descripción de los conceptos en virtud de los cuales el consejero obtendrá una retribución
  • Establecer una indemnización por cese anticipado (por sus funciones De Consejero Delegado)
  • Cantidades que deberá abonar la sociedad por primas de seguro o planes de ahorro
  • El contrato deberá realizarse de conformidad con la política de retribuciones que en su caso, apruebe la Junta General

Por Ramón González-Babé

Socio responsable del Área Mercantil y Societaria

Oficina de Vigo

Sobre el traslado del domicilio social de las empresas dentro del territorio nacional

 

El pasado 6 de Octubre de 2.017 el Consejo de Ministros aprobaba una norma en virtud de la cual las empresas que pretendan trasladar su domicilio social, puedan hacerlo sin que dicha decisión tenga que ser aprobada en la Junta General de accionistas. Será el Consejo de Administración de la empresa, quien sea competente para adoptar tal decisión.

edificio empresarial

Así, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 15/2017, de 6 de Octubre, publicado el día 7 de Octubre (con entrada en vigor ese mismo día), modifica el artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando redactado de la siguiente forma:

“1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general

2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.”

Por último se establece una D.T. Única por la que se establece:

“A los efectos previstos en el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por este real decreto-ley, se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Por Ramón González-Babé

Socio responsable del Área Mercantil y Societaria

Oficina de Vigo

Incidencia de un concurso de acreedores en una Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)

Unión Temporal de Empresas

Normativa aplicable a las Uniones Temporales de Empresas

La regulación de las Uniones Temporales de empresas se encuentra prevista en normas fiscales como la Ley 18/1982, de 26 de mayo sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial y Regional, modificada posteriormente por otras como (Ley 43/1995, y 66/1997, de Impuesto de Sociedades, Ley 46/2002, de Medidas Fiscales; Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social….). Destaca la Ley 12/1991, de Agrupaciones de Interés Económico, que vino a sustituir la figura de la Agrupación de Empresas.

Las Uniones Temporales de Empresas, se encuentran reguladas, en materia contractual en los artículos 59, 66 y 149. 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 24, 51, 52 y 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

Posible resolución del contrato por concurrencia de causa imputable a uno sólo de los miembros de la Unión Temporal de Empresas

Se ha de estar a lo previsto en el artículo 223 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), en el que se recogen las causas de resolución de los contratos, entre ellas se encuentran:

  1. a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85.
  2. b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento(…)” Consecuentemente, habrá que atender, en primer lugar a las consecuencias que puede tener para la UTE como contratista, la declaración de concurso o insolvencia de una de las personas jurídicas que la integran, y en especial, si dicha nueva situación produciría la resolución del contrato formalizado por la UTE.

Para responder a esta cuestión, el Informe 7/2012, de 7 de junio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña señaló lo siguiente: “El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, prevé en su artículo 59, relativo a las “uniones de empresarios” que pueden contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesario formalizarlas en escritura pública hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor y que los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedan obligados solidariamente y tienen que nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contratos hasta que se extinga. (….) “la duración de las uniones templares de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.” A lo que debe añadirse lo previsto en el apartado  2, donde se señala que “ Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente (…)”

Por su parte, la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional, define a las uniones temporales de empresas en su artículo séptimo “tiene la consideración de unión temporal de empresas el sistema de colaboración entre empresarios por un tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o la ejecución de una obra, de un servicio o de un suministro”, la unión temporal de empresas no tiene personalidad jurídica propia.

De esta forma son dos las circunstancias que tipifican la unión temporal de empresas:

  1. La asunción de un compromiso solidario entre varios empresarios condicionado a la adjudicación del contrato, sin que surja una nueva persona jurídica
  2. El carácter temporal del compromiso, cuya vigencia queda ligada a la propia vigencia del contrato del que la unión de empresas trae causa.

La entrada en concurso de uno de los integrantes de la UTE

El artículo 224.2 del TRLCSP preceptúa que “ 2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato (….) 5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará si el contratista presentare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución.” El artículo presenta la facultad de resolver el contrato si se declara el concurso y la obligación de resolverlo si se declara la insolvencia en cualquier procedimiento o la apertura d ella fase de liquidación en un concurso, por parte de la Administración contratante. Sin embargo, para las UTEs no rige la misma norma.

La cláusula 68 del Decreto 3854/1970, que no fue derogado expresamente por el RGLCAP, por lo que cabe entenderlo vigente en todo lo que no contradiga a la Ley o Reglamento señala que “Cuando alguna de las empresas que forman parte de una agrupación temporal quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los números 4,5, y 6 (declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista) del artículo 157 del Reglamento General de Contratación, la Administración estará facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del contrato o a las restantes empresas que formen la agrupación temporal o para acordar la resolución del mismo.”

La jurisprudencia si bien en relación con la legislación anterior sobre insolvencias, ha venido sosteniendo que la declaración de concurso de uno de los integrantes de la UTE no es causa de resolución del contrato, en la medida en la que los miembros de la UTE no son estrictamente el contratista o adjudicatario del contrato, sino que los es la UTE- en este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2000 afirmaba que “ En orden a la primera alegación su desestimación deviene en base a las siguientes razones: de los datos fácticos aportados al proceso, y que se expresan en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, aparece que la adjudicataria de la obra fue la Unión Temporal de Empresas formadas por dos compañías constructoras, por la que la suspensión de pagos, a la que devino una de ellas, carece de virtualidad jurídica, ya que, por un lado esta situación concursal se presenta por una sola de las personas jurídicas que constituían el sujeto jurídico obligado, como adjudicatario, a ejecutar la obra contratada “ En estos casos entendemos que si bien pueden adoptarse soluciones intermedias para no crear perjuicios a la Administración contratante ni a las empresas que, formando parte de la UTE, se hallan en situación de continuar con el contrato».

La Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2000 en la que se expresa lo siguiente: “ (…) En orden a la primera alegación su desestimación deviene en base a las siguientes razones: de los datos fácticos aportados al proceso y que se expresan en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, aparece que la adjudicataria de la obra fue la Unión Temporal de Empresas formada por dos compañías constructoras, por la que la suspensión de pagos, a la que devino una de ellas, carece de virtualidad jurídica, ya que, por un lado, esta situación concursal se presenta por una sola de las personas jurídicas que constituían el sujeto obligado, como adjudicatario a ejecutar la obra contratada; en segundo lugar, la situación legal de suspensión de pagos, únicamente determina los efectos de la intervención judicial de las operaciones a efectuar en el tráfico jurídico-comercial por la entidad suspensa, pero para afectar al cumplimiento de sus obligaciones nacidas de los contratos por ella concertados, no existe paralización de la actividad empresarial y jurídica que constituye el quehacer de su objeto social; (…) La alegación de la parte recurrente sobre que la Administración debió proceder a resolver el contrato por la suspensión de pagos de una de las empresas que formaban la unión temporal de empresas debe ser desestimada, toda vez que tal situación concursal únicamente afecta a una de ellas, cuando ambas estaban obligadas al cumplimiento del contrato”

Posible cesión del contrato entre miembros de la UTE

El artículo 226 del TRLCSP, prevé la posible cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato si se dan los siguientes supuestos:

  • Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, o que no suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
  • Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado
  • Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión
  • Que el cedente tenga ejecutado, el menos, el 20% del importe del contrato (….) No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.
  • Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en causa de prohibición de contratar.
  • Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. La unión temporal de empresas como cualquier otro contratista podrá, cumpliendo los requisitos señalados, ceder el contratos del que sea adjudicataria a tercero. Sin embargo, una cosa es la cesión del contrato por la UTE en sí, y otra es si cabe la cesión del contrato entre los miembros de la UTE, pues la cesión de un contrato supone la existencia de un tercero (cesionario),ajeno inmediatamente a la relación contractual, y en puridad, en el caso de cesión entre integrantes de la UTE, tal ajeneidad no se da.

No obstante lo cual, informes de distintas Juntas Consultivas, así como la jurisprudencia, entienden que sí es posible esta modalidad de cesión, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones antedichas previstas en el artículo 226 del TRLCSP. El informe de la Junta Consultiva de Baleares 1/2004, atiende a la siguiente pregunta. “”¿Reúne la condición de “tercero” un socio de una sociedad? ¿Un miembro de una UTE? La respuesta no está en determinar la cualidad de socio de una UTE. Lo cierto es que si la Ley autoriza a ceder un contrato a favor de un tercero, a más abundamiento es posible la cesión del contrato a un socio de una UTE adjudicataria de ese contrato, y ello porque la Administración ha conocido al cesionario, éste en calidad de socio, ha optado al concurso y ha sido adjudicatario del mismo, o sea, si la Administración puede ceder un contrato a un tercero, con más motivo y razón podrá cederlo a un socio de la entidad adjudicataria del contrato, ya que hablamos en todo momento de personalidades jurídicas diferentes. Por consiguiente, si se cumplen los requisitos del artículo 114.2 de la LCSP (art. 226 TRLCSP), el socio de una UTE adjudicataria de un contrato administrativo, en este caso, de obras, podrá ser cesionario de ése contrato.”

 

Por Ramón González-Babé

Socio responsable del Área Mercantil y Societaria

Oficina de Vigo

El derecho de separación entre socios.

Sin duda, una de las principales novedades legislativas en el ámbito mercantil del año 2017, y que poco a poco va a ir generando un alto de grado de litigiosidad societaria, ha sido la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital («LSC»).  Dicho artículo reconoce a los socios un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos (excepto en las sociedades cotizadas).

Sala de juntas

 

Se trata de una modificación sustancial del derecho de sociedades, puesto que no existía ninguna obligación legal para la sociedad de repartir sus beneficios. Esto conlleva ahora dotar al propio socio de un instrumento para desvincularse de la sociedad, limitando así los poderes de la junta general, órgano soberano de la sociedad.

 

Requisitos para ejercitar el derecho de separación.

Para poder ejercitar este derecho es preciso que se den tres requisitos principales:

  • Deben haber transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
  • Siempre que se dé el supuesto de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que, además, sean legalmente repartibles. Es decir, siempre que no haya limitaciones reglamentarias como por ejemplo, reservas legales o compensación de determinadas pérdidas.
  • Solo podrá ejercerse por el socio que haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales. Es de vital importancia que el socio así lo manifieste y deje constancia expresa en la junta.

 

Plazos y otras cuestiones a tener en cuenta.

El plazo para ejercer este derecho es de un mes desde la fecha de celebración de la junta general en la que no se haya aprobado la distribución del dividendo.

Concurriendo estas condiciones y ejercido en plazo el derecho de separación por el socio, la sociedad estará obligada a comprar su porcentaje de participación o sus acciones en la sociedad.

El precio de compra será el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones acordado entre la sociedad y el socio.

En defecto de acuerdo, el valor será determinado por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración.

Directivo

 

Un derecho con suspensión previa. 

El artículo 348 Bis en cuestión había entrado en vigor el 2 de octubre de 2011, a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, pero su aplicación fue suspendida en el año 2012 y posteriormente, se amplió la suspensión hasta diciembre de 2016.

El motivo de esta suspensión fue la controversia suscitada en torno a esta figura, desde sus inicios, ya que se trata de una herramienta que va a permitir a los socios minoritarios forzar a la sociedad a que adquiera sus participaciones, de especial relevancia, por tanto, en las sociedades en conflicto o incluso en las familiares.

El objetivo que se pretendía al introducir este artículo 348 Bis era acabar con los abusos de derecho que se venían produciendo por el accionariado o los socios titulares de una gran parte del capital social al negarse sistemáticamente al reparto de dividendos o incluso estar percibiendo beneficios de forma privada y especialmente, crear un mecanismo que evitase al socio minoritario tener que acudir a los tribunales.

El propio legislador consideraba que la falta de reparto de dividendos suponía una vulneración de los principales derechos inherentes a la condición de socio, entre ellos, su derecho de información en lo que respecta a las cuentas y a la imagen fiel del patrimonio de la sociedad.

No obstante, desde la entrada en vigor surgieron discrepancias con este principio y multitud de opiniones en contra. Entre ellas, determinados sectores de la doctrina entendían que podría vulnerarse el principio de libertad de empresa, así como la jurisprudencia consideraba que no se definía claramente ni se concretaban los requisitos para su ejercicio.

Además, la entrada en vigor (en el año 2011) coincidió con tiempos de crisis económica y financiera, por lo que existía el temor de que, con la aplicación de este derecho, muchas empresas que estaban sometidas a altos niveles de endeudamiento incurriesen en incumplimientos o que se impidiese a las empresas que hubiesen sufrido la crisis reinvertir la mayor parte de los primeros beneficios que pudieran ir obteniendo para reforzar su balance.

Finalmente, otra de las cuestiones controvertidas es la posibilidad de renuncia a este derecho por parte de los socios a través de los Estatutos Sociales. La respuesta parece estar en el artículo 347 LSC, que permite la limitación de este derecho de separación, siempre que así se apruebe por unanimidad. Esto significa que, basta que un socio vote a favor del reparto de dividendos para que éste mismo pueda pedir el rescate de sus acciones/participaciones.

En definitiva, el reciente artículo 348 Bis LSC introduce un cambio para las sociedades de gran relevancia, al que deberán adaptarse creando nuevas estrategias de organización y pactos sociales. Previsiblemente, seguirá generando debate y habrá que esperar para ver si efectivamente se consigue la finalidad de proteger al socio minoritario contra los abusos de la mayoría, o por el contrario, tendrá un efecto económico negativo para aquellas sociedades que dejen de destinar sus beneficios para su auto-inversión.

 

¿Necesita asesoramiento al respecto?

Asesoramiento legal

Nuestros abogados del área mercantil y societaria están a su disposición para asesorarle al respecto de este nuevo derecho de separación.

Por Paula Martínez Molares
Abogada asociada del área mercantil y societaria en nuestro despacho de Vigo

Novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil

Les comunicamos las últimas novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil, como consecuencia de la promulgación de normas de naturaleza contable y fiscal:

 

Resolución de 26/02/2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28/01, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma (B.O.E. 09/03/2016). 

 

  1. La Ley 27/2014, de 27 de Noviembre del Impuesto de Sociedades introduce en materia de incentivos fiscales la reserva de capitalización indicando en su artículo 25 que debe figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado.
  1. La Resolución de 14 de Abril de 2.015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción establece la información que, al respecto, las empresas deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Cuentas anuales

  1. La Resolución de 29 de Enero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la Información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.4, de la Resolución de 9 de Febrero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios, se modifica la nota de la memoria “situación fiscal” de las cuentas anuales individuales.
  1. Se incorpora nueva información de las hojas de solicitud de presentación en el Registro Mercantil y de datos generales de identificación.

 

Resolución de 26/02/2016, de la Dirección General de los Registro y del Notariado, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1968/2011 de 13 de Junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma (B.O.E. 09/03/2016).

 

Se modifica el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales consolidadas, aprobado por Orden JUS/1698/2011, de 13 de Junio, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” nº 146, de 20 de Junio de 2.011, debido a reformas puntuales de normativa contable.

Dicho modelo se publicará en la página web del Ministerio de Justicia. Las principales novedades son:

  1. La Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades introduce en materia de incentivos fiscales la reserva de capitalización indicando en su artículo 25 que debe figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado.
  1. La Resolución de 14/04/15, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción, establece la información que las empresas deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales y consolidadas.
  1. La Resolución de 29 de Enero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.5, de la Resolución de 9 de Febrero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, se modifica la nota de la memoria “Situación Fiscal” de las cuentas anuales consolidadas.
  1. Se incorpora nueva información en las hojas de solicitud de presentación en el Registro Mercantil y de datos generales de identificación.
Por Ramón González-Babé
Socio responsable del Área Mercantil y Societaria
Oficina de Vigo.

Comentarios sobre las modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital

Foro Mercantil

Ramón González-Babé Iglesias, socio de MAIO Legal.

Newsletter de MAIO Legal. Abogados Vigo y Madrid

Comentarios a la Ley 3/2014, de 3 de Diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo:

Tras la publicación en el B.O.E. el pasado 4 de Diciembre de 2.014, de la Ley 3/2014 introduce una serie de novedades que afectan fundamentalmente al buen gobierno corporativo y a la necesidad de que las sociedades mercantiles tengan una buena gestión y dirección.

Por medio de estas reformas, se trata de garantizar el buen gobierno de las empresas, y así, velar por el correcto funcionamiento de sus órganos de gobierno con el objetivo de generar confianza y transparencia para los accionistas. De ahí, la importancia para las empresas de tener un Consejo de administración bien gestionado (especialmente en las cotizadas). Es por ello, que cada vez se hace más necesaria una regulación encaminada a:

  1. La transparencia de los órganos de gobierno
  2. Un tratamiento equitativo de los accionistas
  3. La profesionalización e independencia de los consejeros.

Son muchas las reformas introducidas por la ley, razón por la que nos centraremos en analizar alguna de ellas:

1º) Las que afectan al correcto FUNCIONAMIENTO del Consejo de Administración:

  • ASISTENCIA: Obligación de los consejeros de asistir personalmente a las sesiones del consejo
  • DELEGACION DE VOTO: La delegación del voto de los Consejeros no ejecutivos sólo podrá realizarse a favor de otro consejero no ejecutivo
  • DERECHO DE INFORMACION: Todos los consejeros deberán recibir con antelación suficiente el orden del día de la reunión y la información necesaria para la deliberación y adopción de acuerdos.
  • PERIODICIDAD EN SUS REUNIONES: El Consejo de Administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

2º) COMPOSICIÓN del Consejo de Administración en las sociedades cotizadas, nos encontramos con las siguientes novedades:

  • Funciones del presidente (ampliables por los estatutos y reglamento del consejo)
  • Cuando el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo deberá nombrar un consejero coordinador entre los consejeros independientes que sirva de contrapeso
  • Regulación de las funciones de Secretario del Consejo de Administración
  • Se definen las distintas categorías de Consejero (hasta el momento reguladas mediante orden ministerial)
  • Se limita el período máximo de mandato de Consejeros (no puede exceder de más de 4 años)
  • Que el consejo pueda constituir comisiones especializadas, siendo obligatoria la de una comisión de auditoría y otra de nombramientos y retribuciones

3º) Otra de las novedades relevantes que introduce la nueva Ley, es la relativa a la figura del denominado “Administrador de Hecho”, con el objetivo de que una vez por todas, la denominación de administrador recaiga única y exclusivamente en la persona que realmente gestiona y ejecuta. Es por ello por lo que se definen las tres principales características de todo administrador:

  • Diligencia
  • Lealtad
  • Discreción, es decir, evitar del provecho de una información esencial que por razón de su cargo tiene para beneficio propio, o bien se aproveche de oportunidades de negocio para actuar en propio beneficio o de otra persona cercana)

4º) Respecto a la RESPONSABILIDAD del administrador, se plantean 3 cuestiones relevantes:

  • El administrador de hecho como persona responsable
  • El art. 236.3 y 5 regula la responsabilidad solidaria para las personas que actúen como representantes  de sociedades que ostenten el cargo de administrador:
    • Responsabilidad se extiende a los administradores de hecho
    • La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador
  • Cuando estamos ante un consejo de administración sin facultades delegadas, la responsabilidad se puede extender a los altos directivos de la compañía

5º) SISTEMA DE REMUNERACION

Debe ser regulado por los estatutos sociales, teniendo en cuenta dos parámetros importantes en base a sus funciones de Gestión y Decisión. Se hace especial énfasis en cuanto al régimen retributivo de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas (aplicables a todas las sociedades de capital).

En las sociedades cotizadas se somete a la aprobación de la junta general de accionistas la política de remuneraciones (carácter plurianual) y corresponde al consejo de administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros (se garantiza un control de la junta general sobre las retribuciones)

La tendencia, es que la remuneración del administrador guarde relación con una serie de cuestiones como la importancia de la sociedad, situación económica, etc.., salvo en casos como las empresas familiares (cargo no retribuido por la relación de confianza).

El artículo 217 LSC relativo a la remuneración de los administradores, señala que es gratuito a no ser que los estatutos sociales establezcan lo contrario, determinando el sistema de remuneración, que podrá consistir en:

  • asignación fija
  • dietas asistencia
  • participación en beneficios
  • remuneración en acciones o vinculada a su evolución
  • indemnización por cese, siempre que el cese no estuviere motivado por incumplimientos de su función de administrador
  • sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportuno

En la nueva reforma se establecen más claramente los deberes y las obligaciones de los administradores, y el alcance de su responsabilidad. En definitiva, se pretende:

  • Mayor transparencia y eficiencia en los órganos de gobierno de las sociedades
  • Profesionalización del cargo de administrador o  consejero, y en particular de las sociedades cotizadas

Sweet (tax) harmony

Reflexiones en el Diario Expansión

Marco Bolognini, socio de MAIO Legal

Marco Bolognini, socio y abogado mercantilista y financiero de Madrid, de MAIO

Marco Bolognini

En su habitual artículo en el diario Expansión, nuestro socio Marco Bolognini reflexiona sobre la polémica de los paraísos fiscales, y la reciente declaración de intenciones por parte de los Ministros de Finanzas de Alemania, Francia e Italia de instaurar reglas comunes en el Impuesto de Sociedades para toda la Unión Europea.

Leer artículo en el diario Expansión

El buen ejemplo

Reflexiones en el Diario Expansión


Marco Bolognini, socio de MAIO Legal
 

Marco Bolognini, socio y abogado mercantilista y financiero de Madrid, de MAIO
Marco Bolognini
 

En su habitual artículo en el diario Expansión, nuestro socio Marco Bolognini ha realizado una interesante reflexión acerca de la ardua labor que tienen los cabezas de los principales partidos políticos de nuestro país para lograr la tan necesaria regeneración. Y es que, más allá de las meras declaraciones de intenciones, hace falta predicar con el buen ejemplo.
 

Leer artículo en el diario Expansión