El recurso plantea si la Administración tributaria puede exigir intereses de demora por el periodo transcurrido hasta que dicta una nueva liquidación, después de que la anterior haya sido anulada parcialmente por motivos sustantivos. En concreto, se analiza la naturaleza de los intereses previstos en el artículo 26.5 de la Ley General Tributaria y si su exigencia debe operar de forma automática o tener en cuenta la actuación de la Administración y del contribuyente.

La cuestión tiene especial relevancia porque determinará si Hacienda puede cobrar intereses durante el tiempo necesario para corregir una liquidación anulada y si este régimen resulta compatible con distintos principios constitucionales. La resolución del Tribunal Constitucional podrá condicionar el criterio que adopte finalmente el Supremo.

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En su intervención, pone el foco en los riesgos derivados de la concentración de activos en una misma ubicación física y en las pérdidas que podría provocar una interrupción del servicio. La magnitud y la interdependencia de estos riesgos dificultan su cobertura mediante soluciones aseguradoras convencionales.

Ante este escenario, Vallejo prevé una evolución hacia programas modulares adaptados al ciclo de vida de cada centro de datos, estructurados por capas y con la intervención de un asegurador especializado como líder, un panel de coaseguro, un bróker técnico y auditorías de ingeniería.

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En su análisis, aborda algunas de las cuestiones que suelen aflorar en fases avanzadas de negociación, como las obligaciones preexistentes, las posibles contingencias, la valoración de la compañía o la alineación entre propiedad y equipo directivo.

La pieza pone el foco en la importancia de la due diligence, la gobernanza y las reglas de convivencia entre socios, especialmente en compañías familiares con una trayectoria consolidada y una estructura accionarial propia.

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Durante la sesión se abordaron algunos de los aspectos clave del nuevo marco regulatorio, como la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial por niveles de riesgo, las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo y el papel de la supervisión humana, la trazabilidad y la gestión de incidentes en los modelos de gobernanza de las organizaciones.

El encuentro puso especial foco en el impacto que estas novedades tendrán en sectores altamente regulados, como la banca, los seguros y la industria farmacéutica, así como en determinados usos de la inteligencia artificial especialmente sensibles desde el punto de vista normativo.

Algunas de las conclusiones del encuentro en esta pieza de Confilegal.

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En un artículo publicado en Coverflex, Cristina Martínez, socia de laboral de MAIO Legal, analiza las consecuencias jurídicas de este escenario y aborda una de las principales cuestiones que se plantean empresas y personas trabajadoras: qué efectos puede producir una directiva europea cuando ha expirado el plazo de transposición sin que exista una norma nacional que la desarrolle.

El análisis examina también las obligaciones que introduce la directiva en materia de transparencia salarial, información retributiva y procesos de selección, así como los aspectos que las organizaciones deberían empezar a revisar para anticiparse al nuevo marco regulatorio.

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Hidalgo ha destacado la necesidad de evolucionar desde un uso improvisado de estas herramientas hacia modelos de gobernanza que permitan gestionar adecuadamente los riesgos asociados, especialmente en un contexto marcado por la aplicación progresiva del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y el desarrollo del futuro marco normativo español.

La pieza también aborda cuestiones como la protección de datos, la selección de proveedores tecnológicos, la supervisión humana de determinados sistemas y las obligaciones que deberán asumir las empresas en los próximos años para integrar la IA de forma segura, responsable y conforme a la normativa vigente.

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Durante el encuentro se abordaron cuestiones de actualidad en sectores como turismo, empresa familiar, banca y mercado de valores, deporte, salud, energía, construcción, aeronáutico, derecho corporativo y arbitraje con Estados.

Esta edición estuvo marcada por el fortalecimiento de la dimensión iberoamericana del foro, impulsada por la alianza entre el CIIAM y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago). El encuentro contó con la participación de árbitros y representantes institucionales de Chile, así como de profesionales procedentes de Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela y otros países de la región.

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La noticia repasa algunos de los casos más conocidos relacionados con residencia fiscal, derechos de imagen y regularizaciones tributarias, así como la duración y complejidad de este tipo de procedimientos.

En su intervención, Taboada destaca la dificultad que supone para muchos contribuyentes afrontar procesos de larga duración frente a la Administración tributaria, especialmente en asuntos de alta exposición pública y elevada complejidad técnica.

La pieza recoge además la visión de distintos expertos sobre el impacto económico, reputacional y judicial que pueden generar este tipo de controversias fiscales.

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En su intervención, Carmen Pérez Andújar señala algunos de los retos pendientes del sector, entre ellos una mayor previsibilidad de costes, más agilidad en determinados procedimientos y una labor pedagógica más práctica para que las empresas puedan identificar en qué situaciones el arbitraje aporta un valor diferencial frente a la jurisdicción ordinaria.

El reportaje recoge también la visión de profesionales de firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Garrigues, Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo, Simmons & Simmons, Linklaters, Pérez-Llorca, Hogan Lovells o A&O Shearman, entre otras, sobre el crecimiento sostenido del arbitraje en España y el posicionamiento de Madrid como sede arbitral internacional.

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La iniciativa desarrollada junto a la fundación incluye el asesoramiento jurídico en contratos, acuerdos con entidades públicas y privadas, así como operaciones de donación, compraventa y préstamo vinculadas a proyectos de restauración de la naturaleza y recuperación de procesos ecológicos.

Los Premios Expansión Jurídico distinguen cada año iniciativas relevantes del sector legal en ámbitos como la innovación, el asesoramiento empresarial o la responsabilidad social. En la categoría pro bono, el reconocimiento pone el foco en proyectos que contribuyen a facilitar el acceso al derecho y a impulsar iniciativas con impacto positivo en la sociedad.

Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con una práctica jurídica responsable y alineada con iniciativas de impacto positivo.

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