Nuestra socia del área de Procesal Civil, Inmaculada López, explica en el artículo que la normativa en vigor permite que la alegación de vulnerabilidad por parte del arrendatario active de forma automática un incidente extraordinario de suspensión del lanzamiento. Este mecanismo garantiza varios meses adicionales de retraso en la ejecución del desahucio, con independencia de que finalmente se declare o no la existencia de dicha vulnerabilidad.

Según señala, esta circunstancia ha contribuido a que el procedimiento de desahucio haya perdido la celeridad que lo caracterizaba, dejando de funcionar en la práctica como un proceso sumario, especial y rápido, y empujando a muchos propietarios a buscar alternativas fuera del ámbito judicial.

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