La operación, formalizada a través de la filial portuguesa de Marfrío, Pralisa, supone la transmisión de la sociedad especializada en la elaboración y transformación de lomos de atún, cuya planta industrial en Vila Nova de Cerveira (Portugal) cuenta con una capacidad de producción aproximada de 20.000 toneladas anuales destinadas principalmente a la industria conservera.

El asesoramiento ha sido liderado por el equipo de Derecho Mercantil de nuestra oficina de Vigo, con Ramón González-Babé y Fernando Cabadas, que han acompañado a Marfrío en todas las fases del proceso: estructuración de la operación, negociación contractual y ejecución de la compraventa.

Con esta transacción, Marfrío culmina el proceso de reorganización y puesta en valor de CLP llevado a cabo en los últimos meses, tras haber alcanzado previamente el 100 % de la titularidad de la compañía.

La operación refuerza la experiencia de MAIO Legal en el asesoramiento de operaciones de M&A con componente transfronterizo entre España y Portugal.

Artículo en La Voz de Galicia

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En la entrevista, Gómez Taboada analiza el contexto fiscal actual en España y reflexiona sobre cuestiones como el esfuerzo fiscal soportado por ciudadanos y empresas, el aumento de la burocracia tributaria y la complejidad normativa que caracteriza el sistema fiscal español. Desde su experiencia profesional, aborda también el impacto que estos factores tienen en la actividad empresarial y en la relación entre contribuyente y Administración.

La pieza recoge asimismo un recorrido por su trayectoria en el ámbito del Derecho Tributario, su experiencia en despachos nacionales e internacionales, su labor docente y su implicación en la divulgación jurídica, elementos que han marcado su perfil profesional y su especialización en esta área

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La transacción combina la trayectoria industrial de Mazana con la capacidad de integración y desarrollo de Sigma Kreas, especializada en el negocio cárnico porcino. Entre los efectos inmediatos destacan el refuerzo de la actividad en la provincia de Huesca y la consolidación en Navarra, superando en conjunto las 100.000 cerdas, así como el avance hacia un modelo de integración vertical mediante la actividad de despiece y comercialización a través de Cárnicas Iruña.

Tal y como recoge El Periódico de Aragón, el nuevo esquema accionarial asegura la continuidad de la familia Tarrafeta en la dirección del proyecto cárnico, mientras Mazana liderará la gestión de los procesos vinculados a la producción ganadera. Ambos grupos subrayan que esta operación fortalece su apuesta conjunta por el desarrollo del medio rural, la creación de empleo estable y la mejora continua en bienestar animal, sostenibilidad y eficiencia productiva.

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El laudo, dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, reconoció el derecho de las comuneras a separarse del sistema de explotación conjunta y ordenó la entrega inmediata del inmueble, así como la documentación necesaria y las rentas pendientes. Posteriormente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la acción de anulación, confirmando la validez del laudo.

Ante el incumplimiento voluntario por parte de la Junta del “Pool”, promovimos la ejecución forzosa, que ha permitido materializar la restitución del apartamento y la efectividad económica del laudo. 

Confilegal ha recogido el caso, destacando la ejecución del laudo y la recuperación efectiva del inmueble por parte de las propietarias.

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La reclamación, de más de 250.000 euros, frente al antiguo administrador de una compañía industrial aragonesa, fue defendida por Javier Echávarri, socio de nuestra oficina en Zaragoza, y Lorena Simón, asociada senior.

En su resolución, el TEAC determina que la Administración tributaria no puede mantener “sine die” paralizados los plazos para derivar responsabilidad una vez constatada la insolvencia material del deudor, evitando así que la espera a la conclusión formal del concurso prolongue indefinidamente los tiempos de actuación.

Según señala Javier Echávarri y recoge El Periódico de Aragón, esta resolución refuerza la seguridad jurídica y recuerda que los plazos fiscales no pueden extenderse al arbitrio de la Administración.

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Tal y como informa Faro de Vigo, la operación, cerrada en septiembre de 2025, refuerza la división de maquinaria industrial de Darlim y su Servicio de Asistencia Técnica (SAT), un área esencial para atender a sus más de 7.300 clientes en todo el territorio nacional.

Desde MAIO Legal, nuestro departamento de Derecho Mercantil, liderado por Ramón González-Babé Iglesias y con la participación de Fernando Cabadas García, ha acompañado jurídicamente al grupo en una transacción que fortalecerá su programa Darlim Robotics, mejorará su capacidad logística y consolidará su posición como referente en soluciones integrales de limpieza profesional.

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El fallo, que marca un punto de inflexión en el ámbito del asesoramiento fiscal, atribuye la responsabilidad de las defraudaciones a Hacienda al propio asesor y absuelve a algunos de sus clientes, como es el caso de la actriz Ana Duato, al considerar que no se puede demostrar que tuvieran conocimiento del fraude.

La resolución plantea interrogantes relevantes, como el grado en que un contribuyente puede quedar exonerado al confiar en su asesor. En este contexto, Gómez Taboada subraya que la sentencia pone el acento en la responsabilidad profesional del asesor cuando se sobrepasan los límites legales y transmite un mensaje contundente: no todo vale en materia fiscal.

Insiste, además, en la necesidad de actuar con la máxima cautela en el ejercicio de la profesión, documentando de forma rigurosa las recomendaciones y garantizando que los clientes comprenden plenamente las implicaciones jurídicas de cada decisión.

Este caso interpela al conjunto del sector sobre el compromiso ético que requiere la profesión y la importancia de ejercer con transparencia, rigor técnico y buenas prácticas.

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La Comunidad de Madrid declinó su competencia en este sentido en favor de Galicia sin argumentación suficiente, lo que motivó el recurso liderado por Gómez Taboada. El TEAR ha estimado que esta cesión afectaba directamente a los derechos del contribuyente y que debía haber sido debidamente motivada, anulando así el acto y obligando a la Administración madrileña a justificar su decisión.

Para Gómez Taboada, este fallo “obliga a las comunidades autónomas a extremar su diligencia en sus decisiones sobre competencia” y sienta un precedente importante para futuras disputas sobre la residencia fiscal del causante. Además, advierte de que actuaciones previas basadas en cesiones irregulares podrían quedar invalidadas, con riesgo incluso de prescripción del derecho a liquidar.

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Se trata de una cuestión de gran relevancia para los contribuyentes: la forma de cómputo de los intereses de demora fruto de una retroacción de actuaciones, en aquellos casos en los que el contribuyente, en lugar de suspender la ejecución del acto administrativo, había satisfecho íntegramente la deuda tributaria originaria y, simultáneamente, los Tribunales Económico-Administrativos habían superado los plazos legales de resolución (artículo 240 LGT).

Así pues, se cuestiona la praxis administrativa según la cual únicamente se dejaban de computar intereses de demora a favor de la AEAT cuando concurrían ambas circunstancias: superación de los plazos de resolución y suspensión de la deuda tributaria, lo cual, en opinión de nuestros compañeros tributaristas, supone hacer de peor condición a aquel contribuyente que opta por el pago en lugar de la suspensión.

En concreto, en el citado Auto el Tribunal Supremo aprecia la existencia de interés casacional en la siguiente cuestión:

“Determinar, en interpretación de los artículos 26.4 y 240.2 LGT, si es indispensable que se haya acordado la suspensión de la deuda impugnada para que dejen de computarse intereses de demora en contra del recurrente a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos de resolución de los recursos administrativos o si, por el contrario, la ausencia de devengo de intereses de demora es también aplicable en aquellos casos en que el contribuyente ha ingresado la deuda tributaria.

Además, determinar si, en virtud de los artículos 32.2, 221.1.b) y 221.5 LGT, dejan de devengarse intereses de demora desde el momento del pago de la deuda y si, por el contrario, en caso de posterior estimación parcial del recurso, la Administración debe devolver el exceso ingresado con intereses de demora.”

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Bajo el lema “El factor tiempo en el arbitraje internacional”, el Congreso abordó algunas de las cuestiones más actuales y debatidas en la práctica arbitral, como el principio de res judicata, el uso de la inteligencia artificial en arbitraje, el impacto de los retrasos en la determinación de intereses pre y post laudo, o el nivel de satisfacción de los usuarios con la duración de los procedimientos.

También destacó la ponencia de Claudia Salomon, presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, que ofreció una retrospectiva de los últimos 30 años del arbitraje en Iberoamérica.

Durante el evento se presentó oficialmente el XXVII Congreso Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA), que se celebrará en Madrid en 2026, con una puesta en escena que combinó tradición y modernidad.

La jornada se cerró con la sesión Una tarde con CEIA Mujeres, en la que Claudia Benavides fue entrevistada por Melanie Riofrío, seguida de una mesa redonda moderada por Emma Morales en la que se abordaron nuevas dinámicas del arbitraje, con especial atención al rol activo del árbitro en la práctica de la prueba.

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