El Moot Court plantea a los participantes la resolución de un caso práctico desde distintas posiciones procesales. Los equipos deben preparar sus escritos, construir una estrategia jurídica y, posteriormente, defender sus argumentos en las rondas orales ante un tribunal integrado por profesionales de la judicatura, la Administración tributaria, la universidad y la abogacía.

Este tipo de iniciativas permite acercar la formación académica al ejercicio profesional y trabajar competencias especialmente relevantes para la práctica jurídica, como el análisis de controversias, la argumentación, la estrategia procesal y la defensa oral.

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Durante la segunda jornada, Ana Martínez Obradors, socia de nuestro despacho y Vocal del Pleno de la Corte de Arbitraje del ICAM, moderó la mesa dedicada a Centroamérica, junto a Jorge Manuel Chacón Mora, Jorge Federico Lee, Alejandro Solares M. y Enrique Mena Castro, representantes de Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador.

La sesión abordó la evolución de la región, las oportunidades para empresas e inversores extranjeros y los principales factores que deben tenerse en cuenta al desarrollar actividad en estos mercados. También se analizó el papel del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias comerciales internacionales y como herramienta para aportar mayor seguridad jurídica a las relaciones empresariales transfronterizas.

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En un artículo de opinión publicado en Expansión, Oriol Prósper, socio fundador de MAIO Legal, analiza las limitaciones de la propuesta regulatoria actual y advierte de que una respuesta basada únicamente en nuevas restricciones puede comprometer inversiones relevantes. Frente a ello, plantea la necesidad de acompasar el desarrollo de los centros de datos con una mayor capacidad de red y con un entorno jurídico más estable y previsible.

Entre las medidas que propone figuran un mayor esfuerzo inversor en las redes de transporte, una mayor apertura a fórmulas de financiación privada y una simplificación de los procedimientos asociados a nueva generación eléctrica. El objetivo, señala, debe ser compatibilizar el crecimiento de la industria digital con los objetivos energéticos y de descarbonización.

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Su carrera se ha centrado en el acompañamiento a compañías de distintos ámbitos en la definición y gestión de sus relaciones laborales. Ha intervenido en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, así como en actuaciones ante la Administración y en el asesoramiento a organizaciones sindicales. Su perfil destaca, en particular, en la negociación de convenios colectivos y en la tramitación de expedientes de regulación de empleo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursó el máster en Derecho Judicial en la Universidad de Santiago de Compostela. Además, habla gallego, inglés y portugués.

Con su llegada reforzamos nuestro equipo en Galicia y nuestra capacidad para acompañar a las empresas en asuntos laborales de especial complejidad, un movimiento del que también se ha hecho eco Expansión.

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Ebroacero está especializado en la fabricación de piezas de acero moldeado y fundiciones aleadas para aplicaciones industriales. La incorporación de FTR le permite diversificar su cartera de productos y reforzar su presencia en el sector.

El equipo de MAIO Legal que ha participado en la operación ha estado formado por Roberto Tambo y Andrea Tirado, del área de Mercantil; Carlos García Gonzalvo, de Fiscal; Elena Martín y Francisco González, del área de Laboral; y David Alcalá, de Público y Urbanismo.

Agradecemos a Ebroacero la confianza depositada en nuestro equipo para acompañarle en esta operación.

Más detalles sobre la operación es esta noticia en el Heraldo de Aragón.

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El estudio, liderado por Ángela Toro y Concha Martín, socias del área Laboral de MAIO Legal, analiza cómo se configura la relación del directivo con la empresa desde su incorporación hasta su salida.

Entre las cuestiones que destaca la pieza figuran la negociación de las condiciones de retribución, el alcance de la responsabilidad personal y las obligaciones que pueden continuar vigentes una vez finalizada la relación profesional.

El informe completo estará disponible próximamente.

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Ángela Toro, socia responsable del área Laboral de MAIO Legal en Madrid, explica en El Economista que la medida refuerza las obligaciones de información ya existentes y que su aplicación deberá adaptarse a las características de cada sector y a la capacidad real de las empresas para anticipar sus necesidades de actividad.

La previsibilidad puede variar notablemente entre actividades. Mientras sectores como la hostelería permiten en muchos casos establecer periodos con mayor antelación, otras actividades, como determinadas subcontratas, dependen directamente de la carga de trabajo de la empresa principal, lo que dificulta concretar esos periodos con el mismo grado de detalle.

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La resolución, de 28 de abril de 2026, tiene un especial interés jurídico: el TEAC ya está aplicando la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el dies a quo de los recursos interpuestos por la propia Administración.

Así, la Comunidad de Madrid afirmaba que había recibido la resolución recurrida el 17 de septiembre de 2024. Sin embargo, a raíz de la cuestión planteada por el equipo de MAIO LEGAL, el TEAC comprobó que el TEAR se la había remitido el 29 de agosto. Aplicando expresamente la doctrina de la STS de 12 de diciembre de 2025 (rec. 2922/2023), el TEAC considera esta fecha determinante y concluye que el recurso presentado el 16 de octubre estaba fuera de plazo. Todo ello sin perjuicio de que resulta, como mínimo, curioso, que la resolución tuviera registro de salida el 29 de agosto, y sin embargo no fuera recibida por la Comunidad de Madrid hasta el 17 de septiembre, sin que se sepa dónde estuvo la resolución durante tan dilatado plazo de tiempo.

El pronunciamiento deja una conclusión relevante para la defensa de los contribuyentes: también las afirmaciones de la Administración sobre los hechos que condicionan la admisibilidad de sus propios recursos son susceptibles de control y contraste. El principio pro actione no puede utilizarse para perjudicar la seguridad jurídica del contribuyente ni la firmeza de una situación jurídica ya reconocida a su favor.

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En su intervención, destaca que las empresas deberán revisar sus modelos contractuales para comprobar que incluyen toda la información exigida por la nueva regulación. En materia retributiva, señala especialmente el caso de los bonus e incentivos, que con frecuencia se regulan mediante políticas internas o documentos separados y con criterios que pueden dejar margen de interpretación.

También subraya la importancia de reforzar la trazabilidad documental de la relación laboral, tanto en el momento de la contratación como en las modificaciones posteriores, y recuerda que resulta especialmente recomendable poder identificar y acreditar las razones objetivas que justifican la no superación de un periodo de prueba.

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Javier Echávarri, socio director de nuestra oficina de Zaragoza, participa en un artículo de Cinco Días sobre las implicaciones legales y fiscales de las llamadas competiciones de ‘farmear aura’, un fenómeno nacido en redes sociales que empieza a trasladarse a eventos presenciales con premios, patrocinadores y público.

En su intervención, explica que, cuando el ganador es menor de edad, la renta obtenida corresponde fiscalmente al propio menor y debe analizarse si procede una declaración individual o cómo afecta a una eventual tributación conjunta de la unidad familiar. Además, señala que una participación continuada y retribuida en este tipo de competiciones puede llegar a constituir una actividad económica, con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que ello comporta.

Una cuestión que sirve también para comprobar cómo fenómenos nacidos espontáneamente en las redes sociales pueden acabar teniendo consecuencias jurídicas.

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