Ebroacero está especializado en la fabricación de piezas de acero moldeado y fundiciones aleadas para aplicaciones industriales. La incorporación de FTR le permite diversificar su cartera de productos y reforzar su presencia en el sector.

El equipo de MAIO Legal que ha participado en la operación ha estado formado por Roberto Tambo y Andrea Tirado, del área de Mercantil; Carlos García Gonzalvo, de Fiscal; Elena Martín y Francisco González, del área de Laboral; y David Alcalá, de Público y Urbanismo.

Agradecemos a Ebroacero la confianza depositada en nuestro equipo para acompañarle en esta operación.

Más detalles sobre la operación es esta noticia en el Heraldo de Aragón.

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El estudio, liderado por Ángela Toro y Concha Martín, socias del área Laboral de MAIO Legal, analiza cómo se configura la relación del directivo con la empresa desde su incorporación hasta su salida.

Entre las cuestiones que destaca la pieza figuran la negociación de las condiciones de retribución, el alcance de la responsabilidad personal y las obligaciones que pueden continuar vigentes una vez finalizada la relación profesional.

El informe completo estará disponible próximamente.

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Ángela Toro, socia responsable del área Laboral de MAIO Legal en Madrid, explica en El Economista que la medida refuerza las obligaciones de información ya existentes y que su aplicación deberá adaptarse a las características de cada sector y a la capacidad real de las empresas para anticipar sus necesidades de actividad.

La previsibilidad puede variar notablemente entre actividades. Mientras sectores como la hostelería permiten en muchos casos establecer periodos con mayor antelación, otras actividades, como determinadas subcontratas, dependen directamente de la carga de trabajo de la empresa principal, lo que dificulta concretar esos periodos con el mismo grado de detalle.

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La resolución, de 28 de abril de 2026, tiene un especial interés jurídico: el TEAC ya está aplicando la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el dies a quo de los recursos interpuestos por la propia Administración.

Así, la Comunidad de Madrid afirmaba que había recibido la resolución recurrida el 17 de septiembre de 2024. Sin embargo, a raíz de la cuestión planteada por el equipo de MAIO LEGAL, el TEAC comprobó que el TEAR se la había remitido el 29 de agosto. Aplicando expresamente la doctrina de la STS de 12 de diciembre de 2025 (rec. 2922/2023), el TEAC considera esta fecha determinante y concluye que el recurso presentado el 16 de octubre estaba fuera de plazo. Todo ello sin perjuicio de que resulta, como mínimo, curioso, que la resolución tuviera registro de salida el 29 de agosto, y sin embargo no fuera recibida por la Comunidad de Madrid hasta el 17 de septiembre, sin que se sepa dónde estuvo la resolución durante tan dilatado plazo de tiempo.

El pronunciamiento deja una conclusión relevante para la defensa de los contribuyentes: también las afirmaciones de la Administración sobre los hechos que condicionan la admisibilidad de sus propios recursos son susceptibles de control y contraste. El principio pro actione no puede utilizarse para perjudicar la seguridad jurídica del contribuyente ni la firmeza de una situación jurídica ya reconocida a su favor.

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En su intervención, destaca que las empresas deberán revisar sus modelos contractuales para comprobar que incluyen toda la información exigida por la nueva regulación. En materia retributiva, señala especialmente el caso de los bonus e incentivos, que con frecuencia se regulan mediante políticas internas o documentos separados y con criterios que pueden dejar margen de interpretación.

También subraya la importancia de reforzar la trazabilidad documental de la relación laboral, tanto en el momento de la contratación como en las modificaciones posteriores, y recuerda que resulta especialmente recomendable poder identificar y acreditar las razones objetivas que justifican la no superación de un periodo de prueba.

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Javier Echávarri, socio director de nuestra oficina de Zaragoza, participa en un artículo de Cinco Días sobre las implicaciones legales y fiscales de las llamadas competiciones de ‘farmear aura’, un fenómeno nacido en redes sociales que empieza a trasladarse a eventos presenciales con premios, patrocinadores y público.

En su intervención, explica que, cuando el ganador es menor de edad, la renta obtenida corresponde fiscalmente al propio menor y debe analizarse si procede una declaración individual o cómo afecta a una eventual tributación conjunta de la unidad familiar. Además, señala que una participación continuada y retribuida en este tipo de competiciones puede llegar a constituir una actividad económica, con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que ello comporta.

Una cuestión que sirve también para comprobar cómo fenómenos nacidos espontáneamente en las redes sociales pueden acabar teniendo consecuencias jurídicas.

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En su intervención, explica que una polémica protagonizada por un creador no constituye por sí sola un incumplimiento contractual. La posibilidad de suspender o terminar una colaboración dependerá en buena medida de lo pactado entre las partes y de la existencia de cláusulas de reputación o moralidad que definan de forma objetiva las conductas que pueden causar un perjuicio grave a la marca.

Asimismo, señala que debe distinguirse entre la responsabilidad frente a las autoridades y las consecuencias previstas en el contrato. Cuando existe un incumplimiento imputable al influencer, la empresa puede reclamar pérdidas económicas si acredita tanto el daño como su relación directa con la conducta del creador.

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Vallejo explica que la indemnización corresponde a las compañías aseguradoras cuando existe una póliza que cubre el incendio y dentro de los límites establecidos en el contrato. También precisa que el Consorcio de Compensación de Seguros no responde por estos daños materiales, al no estar los incendios incluidos con carácter general entre los riesgos cubiertos por este organismo.

También señala que las ayudas públicas suelen tener carácter subsidiario respecto de otros sistemas de cobertura y que las garantías por pérdida de beneficios requieren normalmente la existencia de un daño material directo cubierto por la póliza, salvo que el contrato contemple expresamente otra protección.

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La publicación destaca el crecimiento sostenido de nuestra oficina de Sevilla, dirigida por Alfonso Martínez Escribano, así como la evolución de un equipo formado por más de veinte profesionales entre abogados y economistas.

Este avance se enmarca en el refuerzo de la estructura nacional e internacional de la firma, impulsado por nuestra integración en Globalaw y por iniciativas como MiddleMarket by MAIO, orientada a acompañar las necesidades jurídicas de la empresa mediana.

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MAIO Legal presta asesoramiento a la Fundación en materia civil, laboral, fiscal y administrativa, así como en la preparación de contratos de colaboración, prestación de servicios, compraventa, donación y préstamo. Entre las actuaciones destacadas figura el contrato para la adquisición de una manada de 30 tauros-bóvidos, destinada a su reintroducción por primera vez en España.

Este trabajo permite que organizaciones con impacto social y medioambiental desarrollen sus proyectos con mayor seguridad jurídica y capacidad de actuación.

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