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Marco Bolognini, socio de Mercantil, reconocido por Chambers Global 2019

Nuestro socio mercantilista Marco Bolognini ha sido reconocido por Chambers and Partners en su edición Global 2019 como experto para empresas italianas en España para las áreas de Corporate/M&A y Banca y Finanzas, así como también le sitúan en la banda 5 de abogados de Corporate/M&A para España.

Chambers&Partners es un directorio internacional de reconocido prestigio que acredita y reconoce la labor de los mejores despachos y abogados de todo el mundo. 

Deducción en el IRPF de las dietas abonadas en concepto de gastos de desplazamiento y estancia y manutención

El pasado 24 de octubre de 2018, la Dirección General de Tributos (DGT) se pronunció en la consulta vinculante número V2767-18 sobre el tratamiento de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los rendimientos del trabajo percibidos por el trabajador en concepto de dietas por gastos de locomoción, manutención y estancia.

El artículo 9 del Reglamento del IRPF establece que estarán exceptuadas de gravamen las rentas asignadas para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

No obstante, el citado precepto establece un requisito irremplazable para la aplicación de la exención: que el trabajador se desplace de forma efectiva a un lugar distinto al de su residencia, esto es, que el centro de trabajo donde va a desempeñar su labor se encuentre fuera del municipio en el que se encuentra su residencia habitual.

Asimismo, el propio artículo 9, determina ciertos requisitos en cuanto a la exoneración de tributación por las rentas obtenidas en concepto de gastos de estancia y manutención. En concreto establece lo siguiente:

1.- Requisito objetivo: que se trate de compensar gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

2.- Requisito temporal: que el periodo continuado de desplazamiento efectuado por el trabajador a municipio diferente al de su residencia, no supere los nueve meses.

3.- Requisito cuantitativo: que las dietas abonadas se encuentren comprendidas entre los límites establecidos reglamentariamente. Esto es:

(i) Pernocta:

– Gasto de estancia: los que se justifiquen

– Gastos de manutención: 53,24€/día por desplazamiento en España o 91,35€/día por desplazamiento fuera del territorio español.

(ii) No pernocta:

– Gastos de manutención: 26,67€/día desplazamiento en España o 48,08€/día por desplazamiento fuera del territorio español.

Pues bien, en cuanto al requisito objetivo, como ya vimos anteriormente, el reglamento del IPRF exige desplazamiento efectivo del trabajador para desempeñar su labor en un centro de trabajo situado fuera de su municipio habitual.

En cuanto al requisito temporal, el cómputo global de los desplazamientos a un municipio diferente (de su residencia y centro de trabajo) no debe superar los nueve meses, determinando la DGT, que dicho plazo se entiende de fecha a fecha, no en función de año natural.

En el supuesto de que los desplazamientos superen dicho periodo, las asignaciones para gastos de manutención, estancia y desplazamiento, pierden su condición de rentas exceptuadas de gravamen, sometiéndose las mismas a tributación en su totalidad. Si bien, según puntualiza la DGT, el período de nueve meses debe considerarse únicamente en relación a un mismo municipio.

Respecto al requisito cuantitativo, se encontrarán exceptuados de gravamen los importes abonados en conceptos de dietas siempre y cuando los importes no superen los límites establecidos reglamentariamente.

En este caso, no resultará necesaria la acreditación del importe abonado, en lo que a los límites cuantitativos se refiere, al ser considerados gastos necesarios de manutención y estancia. No obstante, esta consideración no exime a la entidad pagadora de su obligación de acreditar y justificar el lugar, día y motivo de desplazamiento del trabajador.

En consecuencia, la DGT resume su pronunciamiento estableciendo que, cuando (i) el trabajador es destinado a un centro de trabajo distinto al de su residencia por un periodo inferior a nueve meses, y (ii) las rentas obtenidas en concepto de dietas por gastos de manutención, estancia y desplazamiento se encuentren comprendidas entre los márgenes cuantitativos establecidos reglamentariamente, las rentas abonadas se encontrarán exceptuadas de gravamen y consecuentemente, exoneradas de retención e ingreso a cuenta.

La obligación de pago de una subvención por la Administración no puede postergarse a la comprobación de realización de la actividad

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido que el beneficiario puede instar el cumplimiento de la obligación de abono de la subvención tras la aportación de la documentación justificativa, siempre y cuando no se hubiera acordado la suspensión del pago por la Administración, sin que ésta pueda denegarlo con base en la necesidad de comprobación de la actividad.

En el ámbito de las subvenciones, resulta un hecho no poco frecuente que por parte de las Administraciones Públicas no se proceda al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez presentada por el beneficiario la documentación justificativa del cumplimiento de la actividad. Por el contrario, la Administración comienza a realizar actuaciones de requerimiento de documentación que en algunos casos llegan a postergarse durante años.

Esta situación provoca que, pese a que los beneficiarios hayan tenido que sufragar total o parcialmente la ejecución del objeto de la subvención con sus propios medios y recursos -con los efectos que supone según el importe y la capacidad económica del beneficiario-, en muchos casos no procedan a reclamar la liquidación del importe no anticipado o el total de la subvención en la confianza legítima de que por parte de la Administración Pública se procederá al pago una vez verificada la documentación justificativa, teniendo presente que, con carácter general, la Administración suele escudarse para justificar dicho comportamiento en el plazo de 4 años con el que cuenta para ejercitar la acción de reintegro, lo que puede conllevar incluso a la prescripción del derecho de los beneficiarios al cobro de las cantidades.

Partiendo de un escenario similar al descrito, la Sala Tercera del TS ha fijado jurisprudencia [Sentencia de 6 de marzo de 2018 y Sentencia 20 de septiembre de 2018] habiendo dictado dos Sentencias este año 2018 en fechas de 6 de marzo y 20 de septiembre, indicando que la resolución de concesión de la subvención es un acto firme que genera respecto del beneficiario la obligación de justificación de cumplimiento de la actividad a la que se obligó con el otorgamiento de la subvención, y respecto a la Administración, la obligación del abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada la completitud de la justificación presentada, comprobación para lo que dispone del plazo fijado en las bases reguladora de la subvención, -que en el caso enjuiciado era de dos meses-, sin que pueda resultar de aplicación el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el art.39 de la LGS.

En el caso enjuiciado tras la aportación de la documentación justificativa y el requerimiento de pago del resto de la subvención pendiente, la Administración realiza diversos requerimientos de documentación, sin que proceda al abono.

La Administración confunde dos actuaciones administrativas distintas y sujetas a unos requerimientos temporales diferentes con lo que justifica su inactividad, por una parte, la verificación de la justificación presentada por el beneficiario, de naturaleza formal y destinada a contrastar la completitud de la justificación presentada, como paso previo a autorizar el pago cuyo plazo ha de ser necesariamente breve “atendido su limitado ámbito de comprobación”, y por otra parte, la comprobación de la actuación comprometida, que “puede tener un alcance mucho más amplio y por ello perdura en tanto no prescriba la acción de reintegro”.

Partiendo de lo anterior, la Sala Tercera realiza las siguientes conclusiones para declarar la condena a la Administración al abono de las cantidades pendientes por el cauce del artículo 29.2 de la LJCA:

  • No se impide que, en la fase de verificación de la justificación, si la Administración considera insuficiente la presentada por el beneficiario, pueda requerirle para que la complete, o que se pongan los reparos a que haya lugar, incluso la posible iniciación inmediata del procedimiento de reintegro, con la posible adopción de medida cautelar de suspensión del abono de los pagos pendientes.

  • Lo que no cabe es dilatar la fase de verificación documental, necesariamente breve por su finalidad limitada, so pretexto de que la facultad de comprobación queda abierta en tanto no prescriba la acción de reintegro, siendo actuaciones independientes.

En definitiva, indica la Sala Tercera que “aun si la actividad de comprobación se ha iniciado por la Administración, pero no se ha acordado la suspensión de pagos, el abono de la subvención resulta igualmente obligado si es que la justificación documental esta completa, algo que no se ha cuestionado en la contestación a la demanda”.

Por tanto, los beneficiarios que hayan procedido a la presentación de la documentación justificativa de la subvención conforme a la norma reguladora correspondiente podrán solicitar por el cauce dispuesto en el artículo 29.2 de la LJCA (ejecución de un acto firme) el abono de la subvención o de las cantidades pendientes, más los intereses de demora correspondientes, siempre y cuando haya transcurrido el plazo fijado para realizar las labores de verificación de la justificación por parte de la Administración, y no se haya acordado la suspensión de su pago. La Administración debe pagar con independencia de su facultad de comprobación para lo que dispone de un plazo de prescripción de 4 años, sin que los requerimientos al efecto tengan incidencia en su obligación de pago. Igualmente, empezará a correr el plazo de prescripción de 4 años del beneficiario de la subvención para reclamar el pago.

Oficina de Sevilla

Área Administrativo

MAIO Legal

La importancia de un buen informe pericial en determinados asuntos penales

La pasada semana se nos notificó Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 7ª con sede en Melilla, dictada en procedimiento seguido contra cerca de veinte personas. Se trata de la Sentencia 30/18, Rollo 29-17 y que dimanaba de las Diligencias previas 1698/2010 del Juzgado de Instrucción nº4 de Melilla.

Los hechos fueron los siguientes: el 28 de octubre de 2010, en el lapso de 50 minutos, desde dos IPs de particulares sitos en la ciudad de A, se entra en la cuenta corriente de una empresa y se procede a realizar sucesivas transferencias a otras cuentas sitas por diferentes puntos de España. Los titulares de esas cuentas habían sido “reclutados” por medio de ofertas de trabajo engañosas indicándoles que recibirían un dinero de inversores que una vez deducida su comisión de un 10% deberían de enviar a las personas que se le designaran. Y así ocurrió, ese día reciben llamada o correo señalándoles los nombres de las personas a las que enviar el dinero, todas en Ucrania.

Parecía evidente que nadie en su sano juicio iba a hacer semejante fraude desde su ordenador, es como si alguien entra a robar en una casa y deja en la entrada una copia de su DNI y una declaración firmada de que ha sido el autor del robo.

El caso, es que en Derecho Penal nunca podemos suponer que los jueces van a opinar como uno cree que es la lógica. Por lo que entre los letrados de los dos titulares de las IPs desde las que se entró en la cuenta de la empresa, se encargó una pericia para acreditar la facilidad con la que cualquier persona puede entrar en ordenador ajeno y llevar a cabo todo tipo de actuaciones delictivas. Y tuvimos la suerte de contar con unos peritos judiciales de primer orden, en este caso Juan Alberto Melendo Cruz y Jorge Ramón Félix Iglesias, integrantes del Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos judiciales tecnológicos en ciberseguridad y telecomunicaciones. En base al informe y a la declaración en juicio de uno de ellos, los magistrados de la Sala y todos los presentes recibimos una lección magistral de la vulnerabilidad de los equipos informáticos, y sobre todo, aplicado al derecho penal, del principio de presunción de inocencia. En tal sentido, la Sentencia señala: “para ocultar el rastro de sus ataques los autores utilizan unos ordenadores previamente infectados que aparecen como el origen de aquéllos, marcando así una IP falsa, estos ordenadores se conocen como zombies, siendo difícil que la operación deje en ellos algún rastro, no afectando la manipulación a su funcionamiento. En definitiva, y con toda probabilidad, los ordenadores cuyas IPs fueron usadas para llegar hasta las cuentas de la entidad bancaria fueron utilizados como medio para no dejar rastro de la verdadera procedencia del ataque. Ello descarta la existencia de elementos incriminatorios que pudiesen justificar la condena de los dueños o usuarios de tales ordenadores…”

Muy resumidamente, acreditaron:

  • La facilidad a la hora de vulnerar las redes inalámbricas, así como usurpar direcciones IP de routers en remoto.

  • La vulnerabidad de las compañías telefónicas que, por lo menos en el año en que se produjeron los hechos, no ponían medios para impedir los ataques.

  • La asombrosa facilidad de adivinar los 13 caracteres de una dirección IP.

  • Que estos ataques podían pasar desapercibidos al titular de la IP sin dejar rastro en su ordenador.

  • Que en un plazo inferior a cinco minutos consiguieron detectar y descifrar la contraseña WEP de un terminal desde otro situado en diferente lugar, y entrar en el mismo para operar desde él, sin que su titular se pudiera apercibir del ataque que estaba sufriendo.

Tanto nuestro cliente como el titular de la otra IP desde la que se entró en la cuenta bancaria ajena quedaron absueltos, si bien el resto de procesados -los que recibieron el dinero y lo envían a Ucrania quedándose con una comisión- fueron condenados.

 

Ramón Amoedo

Socio penalista de la Oficina de Vigo

Implicaciones de la nueva regulación de las VTC para sus titulares

El pasado 30 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (en adelante, Real Decreto-Ley 13/2018), llevando aparejada una serie de implicaciones directas para los titulares de autorizaciones al momento de su entrada en vigor o para aquellos cuyas solicitudes de concesión estuvieran pendientes de resolverse[1].

Hasta el momento, las autorizaciones expedidas habilitaban a sus titulares para la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional. Con la nueva regulación, se limita su ámbito de actuación únicamente a nivel interurbano, entendiendo por tal, los servicios de transporte cuyo recorrido rebase el territorio de un único término municipal o zona de prestación conjunta de servicios de transporte público urbano así definida por el órgano competente para ello.

 Sobre su concreta prestación, el artículo 91 de Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT) impone con carácter general que el origen del transporte deberá producirse en el territorio de la comunidad autónoma donde se encuentra domiciliada la autorización, que se corresponde con el lugar donde son recogidos los pasajeros de forma efectiva, con las siguientes salvedades:

“1.º Para los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido previa y expresamente contratados, que podrán ser prestados al amparo de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en comunidades autónomas distintas a aquella en que se ubica el puerto o aeropuerto, siempre que el destino de tales servicios se encuentre en el territorio de la comunidad autónoma en que esté domiciliada la autorización.

 2.º Para los casos en que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en una comunidad autónoma no basten para atender un aumento coyuntural de la demanda de esta clase de servicios en su territorio. A tal efecto, el órgano competente en materia de transporte interurbano podrá establecer, previo informe de los municipios afectados, un régimen específico que permita a los vehículos amparados en autorizaciones de arrendamiento con conductor domiciliadas en otras comunidades autónomas realizar temporalmente servicios con origen en todo su territorio o en determinados puntos de éste”.

Sobre las condiciones de explotación del servicio, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 13/2018 habilita a las comunidades autónomas para modificar las condiciones previstas en el artículo 182.1 del Reglamento de la LOTT. De este modo, la posibilidad de prestación de esta modalidad de servicio de transporte a nivel urbano queda a decisión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, sin que se rece imperativo legal para prever su establecimiento y regulación, con la consecuente repercusión económica que esta medida conlleva.

En este sentido, a los efectos de que los perjudicados puedan entender por recuperada la inversión realizada, el Real Decreto-Ley 13/2018 prevé como mecanismo indemnizatorio el establecimiento de un régimen transitorio de 4 años a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de la modificación -esto es, hasta el 30 de septiembre de 2022-, durante el cual, los titulares podrán continuar prestando servicios de ámbito urbano con las autorizaciones VTC, siempre y cuando cumplan las siguientes previsiones:

1. Habitualidad de la prestación de servicios en el territorio de la comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización: Los vehículos que desarrollen la actividad deben ser utilizados habitualmente para prestar servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización. No se considerará cumplida esta previsión, cuando el 20% o más de los servicios realizados con el vehículo dentro de un período de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, por el territorio de la comunidad autónoma[2].

2. Sujeción a las normas de cada Ayuntamiento: Los titulares de las autorizaciones quedan sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que los Ayuntamientos establezcan dentro de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica; especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica.

En el caso de que se considere que dicha medida no compensa la inversión realizada, los titulares podrán solicitar una indemnización complementaria en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la modificación, esto es, hasta el 30 de diciembre de 2018, conllevando su estimación, en su caso, la ampliación de la habilitación temporal por 2 años más, o en algunos casos, por un período mayor.

Por último, destaca que para implementar la eficacia y cumplimiento de este nuevo régimen jurídico, el Real Decreto-Ley 13/2018 prevé en su Disposición Adicional Tercera un plazo de 6 meses para que el Gobierno presente a las Cortes Generales un proyecto de ley modificado del régimen de infracciones y sanciones contenido en la LOTT, previendo la posibilidad del incremento de las sanciones previstas en relación con la prestación del servicio en un ámbito territorial distinto al que corresponda o incumpliendo las limitaciones relativas a la prestación habitual del servicio en el territorio en que esté domiciliada la autorización, a la comunicación por vía electrónica de los datos relativos al registro de los servicios o a la recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio.

Área de Administrativo

MAIO | Sevilla 


 

[1] El cómputo de los plazos que se indican se iniciará desde el momento en que sean otorgadas las autorizaciones para aquellos cuyas solicitudes se hayan formulado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 13/2018.

[2] El control de este requisito se llevará a cabo por la de la Administración a través de las comunicaciones que deben realizar los titulares de las autorizaciones sobre los datos relativos a cada servicio, debiendo hacer constar necesariamente los lugares de inicio y finalización de éste. Cuando el servicio se inicie y finalice en un mismo lugar, indicarán, además, el punto del recorrido que se encuentre más alejado de dicho lugar.

Encuentro Anual de Miembros de Globalaw 2018

Entre los días 24 y 27 del pasado mes de octubre Globalaw celebró su congreso anual en la ciudad de Dallas (Texas, EEUU), con la colaboración del despacho texano Jackson Walker

A lo largo del Encuentro, con la participación de destacados ponentes se han abordado varios temas muy actuales y de gran interés jurídico y social. Entre ellos, se ha hablado de Smart cities, su desarrollo y los desafíos legales que ello conlleva, de ciberseguridad y de nuevas formas de gestionar los despachos de abogados ante la evolución tecnológica que afecta también al sector de los servicios profesionales.

Marco Bolognini, socio fundador de MAIO Legal y presidente de Globalaw, ha presidido las jornadas en las que han participado los representantes de más de 50 despachos de todo el mundo.

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Más info: https://www.lylyphotography.com/blog/2018/11/8/globalaw-annual-members-meeting-2018

Esther Pillado, socia de nuestra oficina de Vigo, nombrada vocal permanente de la Comisión Codificación

Nuestra socia penalista Esther Pillado, de la oficina de Vigo, ha sido nombrada vocal permanente de la Comisión de Codificación. Este órgano es el encargado de la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario con el objetivo de orientar, preservar y tutelar el ordenamiento jurídico.

Esther Pillado González compatibiliza su dedicación en nuestra firma con la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Vigo, donde también es directora del departamento de Derecho Público.

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Nuestro socio fiscalista Ignacio Arráez escribe en Expansión sobre la política de lucha contra el fraude

El diario Expansión recoge hoy en su versión en papel la opinión de nuestro socio fiscalista de Madrid, Ignacio Arraez, sobre la política desarrollada por la Hacienda Pública en la lucha contra el fraude fiscal y el cambio que puede significar la elección como nuevo director general de la Agencia Tributaria de Jesús Gascón Catalán, coautor del libro ‘El fraude en España’ que presentamos recientemente en colaboración con la AEDAF. Asociación Española de Asesores Fiscales.

 

Fiscalidad MAIO Abogados Impuestos

 

MAIO Legal participa en la presentación del libro ‘El fraude fiscal en España’

En un acto celebrado en la insigne Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentó junto con el Defensor del Pueblo, Excelentísimo Sr. D. Francisco Fernández Marugán, su libro “El fraude fiscal en España”.

Nuestro socio fiscalista de la oficina de Madrid y delegado territorial de Aedaf, Ignacio Arráez, fue el autor del prólogo. Durante la presentación Ignacio destacó que “la Constitución establece que todos contribuirán, lo que no es solo una obligación sino también un derecho, como el del Estado a cobrar los tributos y el de los ciudadanos a exigir que el sistema sea justo, proporcional, de igualdad y no confiscatorio”.

Junto con Ignacio Arráez, intervinieron también los coordinadores de la obra: D. Salvador Ruiz-Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria, y D. Enrique Giménez-Reyna, exsecretario de Estado de Hacienda.

Varios medios se han hecho eco de este evento.

Diario Expansión

Diario La Vanguardia

Diario ABC

Diario El Economista

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