Prensa y novedades

MAIO, miembro fundador de la Fundación Mentor

Fundación Mentor

El pasado 12 de Julio, y con la premisa de dotar a los directivos del futuro de las habilidades básicas para moverse con éxito en las empresas, se inauguró oficialmente en Vigo la Fundación Mentor.

Integrada por 21 empresas del área metropolitana, entre las que se encuentra MAIO, la Fundación Mentor surge para cubrir el espacio que existe en la actualidad entre la formación universitaria y el salto al mundo laboral. Se presente con ello fortalecer la formación integral del alumnado en competencias básicas como la inteligencia emocional o la oratoria.

Les ampliamos más información sobre la Fundación y la intervención de nuestra firma en la misma a través de la noticia publicada por el diario Faro de Vigo: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/07/12/habilidades-basicas-directivos-futuro/1714984.html 

MAIO Legal, doble finalista en los II Premios Jurídicos de Expansión

MAIO Legal ha sido seleccionada como finalista en la II edición de los Premios Expansión Jurídico a la práctica del derecho de los negocios. En concreto, nuestra firma ha sido escogida como una de las finalistas en las categorías de “Mejor start-up legal” y “Mejor boutique”.

  

Estos galardones reconocen la labor de los bufetes españoles en el mundo de los negocios y ya se han convertido en un referente del sector.

 

Para la primera categoría, mejor start-up legal, el equipo técnico ha valorado tanto las ideas innovadoras como las operaciones relevantes que hemos asesorado, la implantación de diferentes sistemas de gestión internos y las estrategias de marketing y desarrollo de negocio.

 

En el caso de mejor boutique, ha tenido una gran relevancia el reconocimiento que los rankings internacionales tienen de nuestra firma, nuestra estrategia de internacionalización y nuestra participación en asuntos de especial complejidad y relevancia para el sector corporativo y jurídico.

 

El jurado se reunirá el próximo 29 de mayo para deliberar y tomar una decisión sobre los ganadores. El resultado se conocerá durante la entrega de premios que se celebrará el próximo 15 de junio en el Teatro Real. 

 

      Diario Expansión 23/05/2017 – Finalista Mejor Start-up Legal

      Diario Expansión 23/05/2017 – Finalista Mejor Boutique

MAIO en el Congreso Tributario organizado por AEDAF y el CGPJ.

Consejo Tributario 2017

El pasado 3 de Mayo en Bilbao, Javier Gómez Taboada (situado a la izquierda de la imagen), socio del área tributaria en nuestro despacho de Vigo, participó en un debate sobre el nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Moderado por D. Luis Manglano (Magistrado del TSJ-Valencia), y teniendo como interlocutores a D. Joaquín Huelín (Magistrado del Tribunal Supremo) y Dña. Ana Ullate (Abogada del Estado adscrita al Servicio Jurídico de la AEAT), el debate permitió abordar el análisis de diversos aspectos vidriosos de esta nueva vía de acceso al Supremo.

Entre los diversos temas de debate destacaron las resoluciones judiciales recurribles, el filtro de su admisión a trámite, su interacción con el recurso de amparo o el régimen de ejecución de la resolución recurrida.

Desde MAIO agradecemos tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Asociación Española de Asesores Fiscales su confianza.

El derecho de separación entre socios.

Sin duda, una de las principales novedades legislativas en el ámbito mercantil del año 2017, y que poco a poco va a ir generando un alto de grado de litigiosidad societaria, ha sido la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).  Dicho artículo reconoce a los socios un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos (excepto en las sociedades cotizadas).

Sala de juntas

 

Se trata de una modificación sustancial del derecho de sociedades, puesto que no existía ninguna obligación legal para la sociedad de repartir sus beneficios. Esto conlleva ahora dotar al propio socio de un instrumento para desvincularse de la sociedad, limitando así los poderes de la junta general, órgano soberano de la sociedad.

 

Requisitos para ejercitar el derecho de separación.

Para poder ejercitar este derecho es preciso que se den tres requisitos principales:

  • Deben haber transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
  • Siempre que se dé el supuesto de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que, además, sean legalmente repartibles. Es decir, siempre que no haya limitaciones reglamentarias como por ejemplo, reservas legales o compensación de determinadas pérdidas.
  • Solo podrá ejercerse por el socio que haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales. Es de vital importancia que el socio así lo manifieste y deje constancia expresa en la junta.

 

Plazos y otras cuestiones a tener en cuenta.

El plazo para ejercer este derecho es de un mes desde la fecha de celebración de la junta general en la que no se haya aprobado la distribución del dividendo.

Concurriendo estas condiciones y ejercido en plazo el derecho de separación por el socio, la sociedad estará obligada a comprar su porcentaje de participación o sus acciones en la sociedad.

El precio de compra será el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones acordado entre la sociedad y el socio.

En defecto de acuerdo, el valor será determinado por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración.

Directivo

 

Un derecho con suspensión previa. 

El artículo 348 Bis en cuestión había entrado en vigor el 2 de octubre de 2011, a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, pero su aplicación fue suspendida en el año 2012 y posteriormente, se amplió la suspensión hasta diciembre de 2016.

El motivo de esta suspensión fue la controversia suscitada en torno a esta figura, desde sus inicios, ya que se trata de una herramienta que va a permitir a los socios minoritarios forzar a la sociedad a que adquiera sus participaciones, de especial relevancia, por tanto, en las sociedades en conflicto o incluso en las familiares.

El objetivo que se pretendía al introducir este artículo 348 Bis era acabar con los abusos de derecho que se venían produciendo por el accionariado o los socios titulares de una gran parte del capital social al negarse sistemáticamente al reparto de dividendos o incluso estar percibiendo beneficios de forma privada y especialmente, crear un mecanismo que evitase al socio minoritario tener que acudir a los tribunales.

El propio legislador consideraba que la falta de reparto de dividendos suponía una vulneración de los principales derechos inherentes a la condición de socio, entre ellos, su derecho de información en lo que respecta a las cuentas y a la imagen fiel del patrimonio de la sociedad.

No obstante, desde la entrada en vigor surgieron discrepancias con este principio y multitud de opiniones en contra. Entre ellas, determinados sectores de la doctrina entendían que podría vulnerarse el principio de libertad de empresa, así como la jurisprudencia consideraba que no se definía claramente ni se concretaban los requisitos para su ejercicio.

Además, la entrada en vigor (en el año 2011) coincidió con tiempos de crisis económica y financiera, por lo que existía el temor de que, con la aplicación de este derecho, muchas empresas que estaban sometidas a altos niveles de endeudamiento incurriesen en incumplimientos o que se impidiese a las empresas que hubiesen sufrido la crisis reinvertir la mayor parte de los primeros beneficios que pudieran ir obteniendo para reforzar su balance.

Finalmente, otra de las cuestiones controvertidas es la posibilidad de renuncia a este derecho por parte de los socios a través de los Estatutos Sociales. La respuesta parece estar en el artículo 347 LSC, que permite la limitación de este derecho de separación, siempre que así se apruebe por unanimidad. Esto significa que, basta que un socio vote a favor del reparto de dividendos para que éste mismo pueda pedir el rescate de sus acciones/participaciones.

En definitiva, el reciente artículo 348 Bis LSC introduce un cambio para las sociedades de gran relevancia, al que deberán adaptarse creando nuevas estrategias de organización y pactos sociales. Previsiblemente, seguirá generando debate y habrá que esperar para ver si efectivamente se consigue la finalidad de proteger al socio minoritario contra los abusos de la mayoría, o por el contrario, tendrá un efecto económico negativo para aquellas sociedades que dejen de destinar sus beneficios para su auto-inversión.

 

¿Necesita asesoramiento al respecto?

Asesoramiento legal

Nuestros abogados del área mercantil y societaria están a su disposición para asesorarle al respecto de este nuevo derecho de separación.

Por Paula Martínez Molares
Abogada asociada del área mercantil y societaria en nuestro despacho de Vigo

Píldoras laborales (XII): Sobre los becarios y su contratación

derechos de los becarios

 

Asistimos en los últimos días a un debate social y mediático -con denuncia incluida ante la inspección de trabajo de un famoso restaurante con dos estrellas Michelín- sobre la laboralidad de los becarios, llamados antiguamente aprendices, o más modernamente stagier.

Debemos empezar diciendo que las becas son fruto de los convenios de colaboración suscritos entre las empresas y las distintas universidades o centros de formación donde cursan sus estudios los llamados becarios. Y decimos “llamados becarios” porque legalmente no existe ese término. Aunque bajo dicha denominación se comprende habitualmente a los estudiantes universitarios, de formación profesional o que realizan estudios complementarios como los másteres o los estudios de postgrado, y que realizan prácticas, curriculares o extracurriculares, como parte de sus estudios y como requisito para la obtención de la respectiva titulación. Obviamente, estos estudiantes pagan a la institución pública o privada en la que se han matriculado, incluso elevadas sumas atendiendo al prestigio de la institución y al de las empresas en las que van a realizar sus prácticas. Instituciones a las que muchas veces se accede tras un largo y exigente proceso.

En términos jurídicos, el tiempo que se ha estado como becario no supone la existencia de una relación laboral con la empresa. Consiguientemente, las tareas desempeñadas, aun cuando sean similares a las que pudiera realizar un trabajador, no pueden tener como objetivo ocupar su puesto en aras a obtener mano de obra gratuita, o casi. El factor aprendizaje es el determinante, aprendizaje que no se obtiene salvo practicando con los profesionales experimentados y en un entorno “real”. Por ello, tampoco el empresario dispone de poder disciplinario sobre el becario.

 

trabajador con ordenador

Lo que, por otro lado, significa que si el estudiante se acaba incorporando a la plantilla de la empresa al concluir los estudios el tiempo de prácticas de la beca no computa a efectos de antigüedad. Ni tampoco impide que la empresa pueda fijar un periodo de prueba inicial de un mes en el contrato de trabajo que suscriba con el anteriormente becario.

Si, como dijimos, al licenciarse el becario la empresa quiere seguir contando con él como trabajador podrá formalizar cualquier tipo de contrato legalmente regulado, y específicamente podrá formalizar un contrato en prácticas con él de duración máxima de hasta dos años. Éste contrato  sí supone la existencia de una relación laboral, y la empresa estará sujeta a las mismas obligaciones en materia de permisos, jornada, vacaciones, sindicación, etc. que en cualquier otro tipo de contrato (con la única particularidad de la retribución que, en esta modalidad contractual de en prácticas, puede ser inferior a la que correspondería a un trabajador con otro tipo de contrato que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo).

Para concluir, en cuanto a las bonificaciones a la contratación, si el nuevo trabajador es menor de 30 años (o menor de 35 años si se trata de una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%) la empresa puede formalizar el contrato en prácticas beneficiándose de una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato.

En definitiva, el camino de las becas puede ser -para bien o para mal, según se mire- la puerta de entrada al exiguo mercado laboral en España.

Por José A. Menéndez F.-Kelly
Socio responsable del área laboral en nuestro despacho de Vigo

 

Pueden consultar otras píldoras laborales, pinchando aquí

Justicia televisada

Justicia televisada

Estamos inmersos desde hace años en un circo mediático donde los procesos judiciales o las actuaciones policiales son televisados y los medios de comunicación publican “en exclusiva” noticias sobre los mismos, incluso en casos de secreto sumarial. Parece que la sociedad está podrida, y que todo lo que nos rodea es una cloaca por la que transitan las peores ratas. Sí, es cierto, hay mucha corrupción y falta de valores,  pero no perdamos de vista el derecho constitucional de presunción de inocencia, pisoteado cuando a un abogado o a un funcionario (policial o judicial) le apetece ventilar ante la prensa el asunto que lleva entre manos y sobre el que debería guardar silencio.

 

Recientemente se me ha notificado un auto de archivo contra tres concejales de un Ayuntamiento gallego y varios empresarios, sobre los que se inició un proceso judicial en el año 2013. Proceso sobre el que una de las partes, el partido político de la oposición, filtraba a los medios de comunicación “su verdad” y describía un mundo de corruptelas entre políticos y empresarios amigos, contrataciones irregulares, desvíos de dinero, facturaciones falsas, adjudicaciones de obra pública saltándose la legalidad, etc. El caso es que dos de aquellos políticos se vieron obligados a abandonar la vida política, y la persona que era denunciante, causalidades de la vida, ostenta hoy la alcaldía de esa localidad.  Todo ello aderezado con un atestado policial que en base a “indicios”  puso una cruz sobre determinadas personas.  Los medios de comunicación en su momento sacaron en portada y contribuyeron a mancillar el nombre de estas personas, pero cuando, cuatro años después, se ha dictado el auto de archivo, la noticia, no ocupó más que una pequeña noticia diluida entre otras de interés. Quien hoy ostenta la alcaldía, y que antes copaba los medios de comunicación, ni una sola palabra de disculpa….total, ¿Porqué? Si su objetivo se consiguió. Y como la vida es un boomerang, ese flamante alcalde/alcaldesa, hoy contrata a algunas de las empresas a las que antes imputaba formar parte de una trama con aquellos horribles e infames políticos, hoy con la causa judicial archivada, pero con un calvario de cuatro años en los que se vieron señalados y machacados de modo injusto.

Justicia televisada

Me ha inquietado la frase del Juez Eloy Velasco en entrevista efectuada en pasados días en un periódico donde decía que “los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo”, como si estuviéramos ante una votación de la audiencia de uno de esos concursos de Televisión donde el espectador decide quién sale de la casa o de la isla;  en este caso parece que el mediático Magistrado pretende que el pueblo decida por votación quién entra en prisión o a quién se le arruina la vida.

 

PD.- Ese Ayuntamiento deberá pagar los honorarios de la defensa de los tres concejales, y seguro que está pagando los de su propio abogado-a, claro está, amiguete o novieta , del hoy ufano alcalde.

Por Ramón Amoedo
Socio responsable del Área Penal
Oficina de Vigo.

Ignacio Martínez en la Jornada “El impuesto de sucesiones a debate”

Hoy se ha celebrado en el Club Empresarial Antares de Sevilla un debate sobre el Impuesto de Sucesiones en el que ha participado  MAIO Legal junto a otros grandes especialistas en la materia y que ha contado con la asistencia de más de 200 empresarios.

Fuente: Cámara de Comercio de Sevilla

En este debate nuestro socio Ignacio Martinez Nuñez planteó “Los puntos de conexión del ISD: ¿Dónde se paga y bajo qué normativa?”, donde abordó abordó la discriminación entre residentes en España y españoles que vivan fuera de la UE y que no pueden beneficiarse de bonificaciones.

El diario ABC ha recogido en su versión digital este evento, que puedes visualizar de forma íntegra en YouTube.

Fuente: Cámara de Comercio de Sevilla

Píldoras laborales (XI): Cuestiones varias sobre los horarios del trabajador

Disfrute del crédito horario sindical durante el período de vacaciones. 

 

En marzo de 2.015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que determinó que al calcular el crédito horario de los delegados sindicales o de los miembros del comité de empresa no se debe computar el periodo de vacaciones. Y la razón es que el crédito horario es mensual y sólo se tiene derecho a él durante los once meses de actividad laboral, sin que se extienda al periodo de vacaciones (sent. del TS de 23.03.15). Ahora, el Tribunal Supremo se acaba de pronunciar sobre si el hecho de haber estado computando el periodo de vacaciones al calcular el crédito horario ha podido derivar en la creación de un derecho adquirido. 

La práctica, llevada a cabo por los representantes legales de la empresa, de acumular en una bolsa mensual de horas de crédito horario las correspondientes al mes de vacaciones para ser distribuida entre algunos de ellos, no constituye una condición más beneficiosa y sí una práctica que se llevaba a cabo en la empresa en la creencia de que era la que se derivaba de la exigencia de la ley, debiéndose tener en cuenta, además, que el crédito horario es mensual y se disfruta los 11 meses de actividad laboral, sin que se extienda al período de vacaciones.

credito horario

El caso: TS 1-2-17, EDJ 11120

Una empresa venía concediendo el crédito horario correspondiente por cada uno de los 12 meses de año, que los representantes solían acumular en una bolsa de horas para ser distribuida entre algunos de ellos, lo que notificaban a la empresa. Como consecuencia de la doctrina del TS por la que se establece que el crédito horario durante el período de vacaciones carece de sustento legal, puesto que es un permiso retribuido que no se puede disfrutar cuando no se trabaja (TS 23-3-15, EDJ 80827), la empresa remitió un escrito a los trabajadores comunicándoles que a partir de su recepción no podrían acumularse las horas del crédito horario correspondientes al mes de vacaciones.

Interpuesto conflicto colectivo frente a dicha decisión empresarial, la AN  declaró el derecho de los trabajadores a seguir cediendo a la bolsa mensual de horas las correspondientes al mes de vacaciones por entender que ello constituía una condición más beneficiosa de la que disfrutaba los trabajadores (AN 3-12-15, EDJ 238140).

El TS estima el recurso de casación interpuesto y anula la sentencia de la AN, entre otras, por las siguientes razones:

  1. No existe la pretendida condición más beneficiosa por no concurrir los requisitos para ello y porque su virtualidad no parece posible, entendida como condición puramente contractual, en el ámbito de las relaciones colectivas.
  2. No existe pacto tácito o implícito sobre la cuestión. No basta la mera persistencia en el tiempo para que se genere una condición más beneficiosa, sino que es necesario que exista una voluntad inequívoca de incorporación de la ventaja en el nexo contractual de cada trabajador.
  3. La actuación empresarial derivaba de la creencia de que la normativa vigente exigía que tal crédito se computase por todos los meses del año sin descontar el mes de vacaciones.

 


 

¿En qué supuestos un trabajador tiene derecho a la adaptación horaria de su puesto de trabajo por razones de salud?

 

Una sentencia del TSJ de Galicia de 13 de diciembre de 2016 recoge el supuesto de una profesora de matemáticas que padecía una dolencia en la voz. En dicha sentencia el TSJ de Galicia condena a la Xunta de Galicia a adaptar el horario de la trabajadora, como consecuencia de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. Ello debido a que, dada la dolencia y la profesión de la trabajadora (profesora en cuya actividad debe utilizar la voz), el Tribunal considera necesario hacer un reparto adecuado de las sesiones de docencia, pues el uso abusivo de voz a primera hora de la mañana así como la docencia directa durante más de dos sesiones seguidas está contraindicado en este caso, insistiendo en que la jornada laboral debía tener periodos de descanso vocal cada dos sesiones.

Supuesto de Hecho.

  • La trabajadora, funcionaria de carrera, venía prestando servicios como profesora de matemáticas del Instituto de Enseñanza Secundaria de As Lagoas (Ourense), teniendo asignadas 16 horas de clase, 3 de Jefatura de departamento, 3 de guardias y 1 de tutorías, es decir, un total general presencial
  • Según los informes médicos, la trabajadora padecía una “disfonía funcional discapacitante, que empeora con el ejercicio continuado de más de dos sesiones seguidas de docencia directa, que constituyen un peligro de recaídas clínicas y de bajas laborales“.
  • El día 12/05/2015, la trabajadora presentó escrito solicitando reajuste de su jornada laboral y rebaja en su carga de trabajo, que fue respondido por la dirección del Centro mediante escrito de 19/05/2015 indicando que la dirección no era competente para atender su solicitud y que remitiría su escrito a la Inspección educativa para conocimiento y resolución.
  • En este sentido, la trabajadora dirigió también escritos a la Inspección educativa, que respondió el día 13/10/2015 afirmando que tampoco era competente para modificar su horario.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria), solicitando adaptar su puesto y modificar su horario laboral de tal forma que no se contemplen más de dos sesiones seguidas de docencia directa, ni que estas se realicen a primera hora de la mañana.

 

Consideraciones Jurídicas.

  • Por tanto, la cuestión se centra en determinar si asiste a la trabajadora, por razones de salud, el derecho a la adaptación horaria de su puesto de trabajo, como consecuencia de la dolencia que padece.
  • En primer lugar, el TSJ recuerda que, en virtud del artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece: “Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo“. De esta forma, la LPRL también es aplicable en este caso a la trabajadora, que es funcionaria de carrera de la Administración Pública.
  • Por otro lado, el artículo 25.1 de la citada Ley dispone lo siguiente: “El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias“.
  • En el presente caso, la trabajadora padecía una “disfonía funcional discapacitante“, que empeoraba con el ejercicio continuado de más de dos sesiones seguidas de docencia directa. En este sentido, los informes médicos y psicológicos establecían que, dada la dolencia y la profesión de la trabajadora (profesora de matemáticas en cuya actividad debe utilizar la voz), era necesario hacer un reparto adecuado de las sesiones de docencia, pues el uso abusivo de voz a primera hora de la mañana así como la docencia directa durante más de dos sesiones seguidas está contraindicado en este caso, insistiendo en que la jornada laboral debía tener periodos de descanso vocal cada dos sesiones.
  • Así las cosas, el TSJ establece que es a la Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria), a quien corresponde, no sólo el poder de organización y dirección del Instituto de Enseñanza Secundaria donde la trabajadora presta servicios, sino hacer efectivo el respeto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, adoptando para ello las medidas preventivas y de protección necesarias.
  • No existiendo dato alguno que impida a la Xunta llevar a cabo la modificación horaria de la actividad de docencia directa de la trabajadora y de la hora de inicio de la misma, el TSJ condena a la Xunta de Galicia a establecer a la trabajadora un horario que respete su derecho a la salud laboral, de tal forma que no tenga que realizar más de dos horas seguidas de docencia directa, ni que éstas se inicien a primera hora de la mañana.

Conclusión.

El artículo 25.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone lo siguiente: “El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias“. En el presente caso dada la dolencia en la voz de la trabajadora, y teniendo en cuenta su profesión (profesora de matemáticas en cuya actividad debe utilizar la voz),  el TSJ de Galicia condena a la Xunta de Galicia a establecer a la trabajadora un horario que respete su derecho a la salud laboral, de tal forma que no tenga que realizar más de dos horas seguidas de docencia directa, ni que éstas se inicien a primera hora de la mañana.


 

Pueden consultar otras píldoras laborales, pinchando aquí
Por José A. Menéndez F.-Kelly
Socio responsable del área laboral en nuestro despacho de Vigo

Javier Gómez: “El Estado está tratando a la ciudadanía como si fuésemos menores de edad”

Un año más hemos participado en las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad del Colegio de Economistas de A Coruña. El pasado 2 de Febrero nuestro socio, Javier Gómez, intervino con una ponencia sobre la crisis de la presunción de validez de los actos tributarios.

Jornadas Tributarias A Coruña

En su exposición,  Javier Gómez planteó que es momento de abrir el debate sobre si la relación entre poder y ciudadanía debería converger hacia un plano de mayor igualdad. Según nuestro socio responsable del área fiscal en la oficina de Vigo, la presunción de validez de los actos de la administración no es un principio constitucional que no admita discusión: “el estado está tratando a la ciudadanía en general como si fuésemos menores de edad”, recalcó.

Javier Gomez en A Coruña

Desde MAIO queremos agredecer el interés mostrado por los asistentes. Y sobre todo, dar las gracias al Colegio de Economistas de A Coruña, por confiar en nosotros una vez más.