Prensa y novedades

MAIO Legal logra la admisión a trámite de un recurso de casación de máxima importancia para el conjunto de los contribuyentes

Nuestro escrito de preparación del recurso de casación se ha visto acogido por Auto del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2019. De esta forma, el Alto Tribunal acuerda estudiar y determinar si la Administración Tributaria puede dictar una tercera liquidación en aquellas situaciones en las cuales la primera y la segunda liquidación fueron anuladas no por motivos idénticos, que impedirían la citada tercera liquidación, sino por motivos distintos entre sí.

Hasta la fecha, la Administración Tributaria viene entendiendo que la llamada doctrina del “doble tiro” únicamente resulta aplicable en aquellos casos en que la primera y la segunda liquidación fueron anuladas por motivos idénticos, lo que ha venido a matizar la citada doctrina convirtiéndola en doctrina del “doble tiro en la misma pierna”. Esto es, para la Administración, si el primer y segundo tiro son anulados por igual motivo – existiendo pues “dos tiros en la misma pierna” – , estaría vedada una tercera liquidación. Si, por el contrario, las deficiencias que anulan primer y segundo tiro no son coincidentes (es decir, existen “dos tiros en pierna distinta”), la Administración estaría habilitada para realizar una tercera liquidación. El Tribunal Supremo deberá determinar si, tal y como defiende nuestro despacho, tal actuación administrativa resulta contraria a los principios de buena fe, seguridad jurídica y buena administración. La decisión que se adopte puede conllevar un significativo fortalecimiento de las garantías del contribuyente, expuesto a procedimientos que son objeto de sucesivas anulaciones y reiteraciones hasta extremos de dudosa constitucionalidad.

Pueden encontrar el Auto de Admisión del Tribunal Supremo en el siguiente enlace: http://www.maiolegal.com/wp-content/uploads/2019/07/ATS-7634-2019-MAIO-LEGAL-SETENCIA-TRIBUNAL-SUPREMO.pdf

Nota informativa: Reforma Fiscal en Andalucía

La presente nota tiene por objeto de informarle sobre la aprobación del Decreto-Ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 11 de abril de 2019, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el mismo día de su publicación.

Por medio del referido Decreto-Ley se lleva a cabo una reforma fiscal estructural, mediante medidas que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), con el fin de impulsar y dinamizar la actividad económica mediante la reducción del gravamen de estos tributos cedidos.

De manera que, con el objetivo de exponer de manera clara, las novedades del referido Decreto-Ley, por medio de la presente, sintetizaremos de manera esquemática los aspectos más relevantes de las modificaciones aprobadas.

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La modificación en este tributo se focaliza en la reducción del gravamen de los tramos de la escala autonómica de forma progresiva durante los ejercicios 2019 a 2022, siendo plenamente efectiva en 2023. No obstante, la mencionada reforma favorece a los contribuyentes que se encuentren en el primer tramo de la escala (contribuyentes con menore rentas), de manera que este colectivo alcanzará la plena efectividad de la reducción en el año 2020.

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La reforma relativa a este impuesto consistirá en la bonificación del 99% de la cuota del impuesto para cónyuges y parientes directos.

Por un lado, Impuesto sobre Sucesiones: bonificación del 99% se centra en las adquisiciones por cónyuge, descendientes, ascendientes, adoptados y adoptantes. Asimismo, se mantendrá la reducción de la base imponible del 1.000.000 de euros aplicable a esta modalidad.

Por otro lado, Impuesto sobre Donaciones: bonificación del 99% de la cuota del Impuesto aplicable a los mismas personas indicadas para supuestos mortis causa.

Adicionalmente, indicar que la presente modificación trae consigo la implantación de nuevos modelos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para ello, se aprueban los nuevos modelos 650 «Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adquisiciones “mortis causa”. Autoliquidación», 660 «Declaración de datos comunes de la sucesión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adquisiciones “mortis causa”» y 651 «Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adquisiciones “inter vivos”. Autoliquidación».

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Respecto al ITPAJD, se establecen medidas destinadas a la reducción del impuesto y a facilitar el acceso a la vivienda habitual por parte de las familias numerosas.

En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, se aprueba un tipo reducido del 3,5% para adquisiciones de vivienda habitual por familias numerosas, supeditado al cumplimiento del requisito referido al valor real de la vivienda (no superior a 180.000 euros), igualándose así a los tipos actuales para jóvenes y personas con discapacidad, si bien en el caso de jóvenes el valor real sigue estando en 130.000 euros.

Respecto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se aprueba un nuevo tipo reducido del 0,1% para las primeras copias de escrituras publicas que documenten la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas, con los mismos requisitos establecidos para la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Asimismo, es de importancia mencionar que en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados se deroga el tipo de gravamen incrementado del 2% a las escrituras y actas notariales que formalicen transmisiones de inmuebles en las que se realiza la renuncia a la exención del IVA. Dicha modificación tiene como objetivo reducir el gravamen de las empresas aplicable en este tipo de operaciones, con el fin de facilitar e impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por último, se suprimen los tipos reducidos de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados vigentes que gravan las escrituras públicas que documentan préstamos hipotecarios destinados a la financiación de la adquisición de viviendas habituales, habida cuenta que los colectivos destinatarios de estos tipos bonificados ya no ostentan la condición de sujeto pasivo del impuesto.

En Sevilla, a 18 de abril de 2019

Diario Expansión: «Claves legales para hacer negocios en otras jurisdicciones»

El diario Expansión Jurídico publica un artículo sobre las «Claves legales para hacer negocios en otras jurisdicciones», donde recoge los principales retos en materia mercantil que están afrontando los despachos de abogados en diversos países del mundo.

Para ello comparte la experiencia de diferentes despachos de la red internacional Globalaw de la que formamos parte, donde nuestro socio Marco Bolognini expone la situación en España.

Retos internacionales de la abogacía

El pronunciamiento del TJUE sobre la abusividad de la cláusula del vencimiento anticipado en préstamos con consumidores y sus efectos

Tras dos años de espera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado acerca de la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios suscritos con consumidores, una de las cláusulas abusivas respecto de la que los consumidores solicitan su nulidad en vía judicial.

La Sentencia de 26 de marzo de 2019 del TJUE realiza un análisis de la Directiva 93/13, concretamente sus artículos 6 y 7, en correlación con la normativa nacional; y concluye que:

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

Es así que, en primer lugar, el TJUE se opone a que una cláusula abusiva pueda conservarse y aplicarse parcialmente cuando el/los elemento/s que se suprimen provocan que se desnaturaliza la finalidad de la propia cláusula; y es que si sus elementos principales son abusivos la cláusula deberá por tanto declararse abusiva.

Por su parte, y en correlación con lo anterior, el TJUE dispone que el juez nacional puede declarar nula la cláusula de vencimiento anticipado y sustituirla, refiere, por la disposición supletoria de Derecho nacional; esto es, aplicar la doctrina incorporada en el artículo 693 de la LEC que recoge la posibilidad de declarar vencido el préstamo y reclamarlo ante el impago de más de 3 cuotas (reforma establecida por la Disposición Final Quinta.2 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario).

Así, en el supuesto en que el contrato de préstamo hipotecario contenga una cláusula de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota, si la entidad bancaria declara vencido el préstamo tras el impago de más de 3 cuotas (no por una), no estaría aplicando dicha cláusula de vencimiento por una cuota impagada; sino que estaría actuando bajo el amparo legal.

Tras esta sentencia, se reactivará un gran número de procedimientos judiciales en nuestro país relativos a la nulidad de este tipo de cláusula, que estaban paralizados a la espera de esta resolución del TJUE; y los jueces nacionales tendrán que analizar cada caso concreto teniendo aquella presente.

Sin perjuicio de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que todo ello deberá ponerse en relación con la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que establece nuevos cambios en la materia, norma que entrará en vigor el próximo 16 de junio de 2019.

Matización sobre las tres ofertas en el contrato menor y su configuración tras la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la OIRESCON.

Una de las grandes novedades introducidas por la LCSP, y que más controversias ha generado en su aplicación para órganos de contratación y licitadores, es la nueva configuración del contrato menor, cuya regulación se recoge en el artículo 118.

En este contexto, la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (en adelante OIRESCON) –de nueva creación en nuestro sistema por la LCSP-, emite su primera instrucción[1] intentando abarcar todas las controversias suscitadas, aunque como veremos, aun quedan cuestiones sin resolver, incluso tras haberse publicado recientemente por la propia OIRESCON una nota aclaratoria[2] habida cuenta de las numerosas consultas realizadas por las instituciones.

1. Ámbito subjetivo de obligatoriedad de las Instrucciones de la OIRESCON

Dado que el ámbito subjetivo de obligatoriedad de las instrucciones dictadas por este nuevo organismo tampoco está exento de controversia, realizaremos con carácter previo una breve referencia al mismo.

El artículo 332.7.d) establece que la OIRESCON podrá dictar Instrucciones para fijar pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación pública, que serán objeto de publicación y de cumplimiento obligatorio “para todos los órganos de contratación del Sector Público del Estado”.

Esta delimitación sobre el ámbito subjetivo de la obligatoriedad de las instrucciones ha planteado un nuevo debate a raíz de esta primera instrucción, puesto que se discute si el mismo se circunscribe alSector Público Estatal en sentido propio[3] o, por el contrario, se refiere al Sector Público con carácter general, incluyendo a Comunidades Autónomas y Entidades Locales[4], siendo el elemento sobre el que se sustenta esta última postura la configuración constitucional de la distribución territorial del poder, puesto que el artículo 149.18 CE únicamente confiere competencia al Estado para dictar la legislación básica en materia de contratación pública.

Con independencia de cómo finalmente se resuelva esta nueva controversia -quizás a través de una nueva Instrucción-, el criterio prudente para Comunidades Autónomas y Entidades Locales será acatar, mientras tanto, el contenido de las instrucciones que emita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión en la Contratación.

2. Contenido del expediente de contratación en contratos menores.

La Instrucción 1/2019 abarca distintas cuestiones sobre el contrato menor, destacándose principalmente la configuración del expediente de contratación, estableciendo, incluso, requisitos exceden del contenido de la propia Ley.

a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato: Se delimita el contenido mínimo de dicho informe, debiendo contemplar en todo caso los siguientes extremos:

  • El órgano de contratación competente.
  • El objeto del contrato.
  • La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido. La instrucción indica en su apartado I que deberá justificarse la causa de su falta de planificación, no pudiendo ser objeto de contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a la misma necesidad para la entidad contratante.
  • En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos cuando proceda.
  • Los datos identificativos del adjudicatario, así como la justificación de su elección.
  • La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual).
  • La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.

b) Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de contratación pública.

El cumplimiento de esta exigencia se asimila a la justificación de ausencia de fraccionamiento del objeto del contrato, indicando que deberá justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la “Unidad Funcional” de su objeto.

En este sentido, se considera que no existe fraccionamiento del objeto del contrato cuando una prestación cumple una función “económica” o “técnica” por si sola, y que, por tanto, no existe una indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva la contratación.

Así, concluye la Instrucción, que “no existirá fraccionamiento en el caso de prestaciones contratadas separadamente que sirven un mismo objetivo o necesidad, pero que de manera individualizada no sufre menoscabo en su ejecución, conservando su sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar separadamente”.

c) Justificación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 1 del artículo 118 LCSP.

Respecto a dicha exigencia, la Instrucción aclara que deberá acreditarse que “el objeto contractual es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo operador económico, o bien que no constituyen Unidad funcional”, no operando en estos supuestos los límites cuantitativos dispuestos en el apartado 1 del artículo 118 LCSP.

Esta justificación, igualmente se encuentra directamente relacionada con la limitación temporal prevista en el apartado 8 del articulo 29 LCSP –“no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”-, aclarando la Instrucción en su apartado IV que dicha limitación temporal, no reflejada en la Ley, “se ha de referir al ejercicio presupuestario”. Con dicho pronunciamiento se aclara una de las principales controversias generadas en torno al cómputo del plazo anual de la limitación temporal para celebrar contratos menores con un mismo operador económico.

d) Acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del gasto, con incorporación posterior de las facturas correspondientes.

Por parte de la Instrucción se añade a lo ya previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del articulo 118 de la LCSP -de similar redacción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 111 del TRLCSP- que, además del documento de aprobación del gasto y de la incorporación de las facturas correspondientes, en el expediente de contratación deberá constar la acreditación de la existencia de crédito.

e) Solicitud de tres ofertas para dar cumplimiento al principio de concurrencia.

Este es un elemento que la OIRESCON introduce ex novo vía Instrucción, y que ha dado lugar a que el pasado 19 de marzo de 2019 haya tenido que publicar una nota aclaratoria dado el elevado número de consultas formuladas por las instituciones. Ciertamente es un requisito que puede entrar en conflicto con la agilidad de este tipo de contratación.

En su apartado II establece que, conforme al principio de competencia, y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditando en el expediente. Este requisito se entenderá cumplimentado con independencia de que las empresas en cuestión declinen la oferta o no respondan al requerimiento del órgano de contratación.

En aclaración de lo anterior, la OIRESCON dispone lo siguiente:

“De esta forma, la referencia a la solicitud de tres presupuestos que se indica en la Instrucción, ha de interpretarse en el sentido de que la misma satisface el principio de competencia; siendo siempre posible justificar motivadamente la no procedencia de tal petición de ofertas cuando dicho trámite no contribuya al fomento del principio de competencia, o bien, dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el contrato menor.

En todo caso, la solicitud de tres ofertas se entenderá cumplida con la publicidad de la licitación, si así lo decide el Órgano de Contratación, pues, en tales supuestos, ya quedaría garantizada la competencia”.

Por tanto, lo que se exige es una justificación específica adicional sobre la no procedencia o conveniencia de petición de ofertas, la cual es probable que concurra en gran parte de la contratación menor. En otro caso, el órgano de contratación deberá solicitar tres presupuestos antes de proceder a la adjudicación del contrato, o bien proceder a la publicación previamente a la adjudicación el contrato menor en cuestión.

3. Publicidad de los contratos menores.

La Instrucción aclara que los contratos que serán objeto, al menos, de publicación trimestral, serán aquellos respecto a los que exista compromiso del gasto y comunicación de la adjudicación al contratista, con independencia de que aun no se encuentre incorporada la factura al expediente.


[1] Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3281.pdf

[2] Nota aclaratoria sobre la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Relativa a la de los contratos menores: http://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/instrucciones/Nota%20Aclaratoria%20Instrucci%C3%B3n%201-2019.pdf

[3] Diez Sastre, Silvia: “La obligatoriedad de las Instrucciones de la OIRESCON”, Jiménez Asensio, Rafael: “Las instrucciones de la oficina “independiente” de regulación y supervisión de la contratación”.

[4] Gimeno Feliu, José María y Moreno Molina, José Antonio: “La Oficina Independiente de Regulación y supervisión de la Contratación (OIReSCon) como bóveda de la arquitectura de regulación y supervisión de la contratación pública”.

Novedades legislativas en materia de vivienda y alquiler

El pasado mes de enero se derogó el fugaz Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que entró en vigor el 19 de diciembre, el cual introdujo importantes novedades en materia de alquiler.

Tras la derogación del anterior, el 6 de marzo de 2019 entró en vigor un nuevo Decreto en relación con la materia, Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que se regulan muchas de las cuestiones ya introducidas por el anterior decreto y se prevén nuevas medidas para ofrecer una mayor protección a los inquilinos de las viviendas. A continuación, destacamos las principales cuestiones modificadas según han quedado establecidas tras el segundo Decreto.

  • Las reformas que han afectado a la Ley de Arrendamientos Urbanos son las siguientes:

Se exceptúa de la imperatividad de las normas del título II de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (En adelante, LAU), los arrendamientos de viviendas cuya superficie sean superior a 300 metros cuadrados o aquellos en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Estos arrendamientos se regularán por la voluntad de las partes sin necesidad de que esta se encuadre en el marco de lo establecido en el título II de la referida Ley.

En lo que respecta al alquiler de viviendas turísticas, se hace expresa mención a que queda excluido del ámbito de aplicación de la LAU.

Se amplía el plazo de duración mínima del contrato que pasa a ser de cinco años para el caso de que el arrendador sea persona física y de siete años para el caso de que el arrendador fuera persona jurídica. En relación con las prórrogas tácitas, se contempla que serán anuales con un máximo de tres años, y es de especial interés que la notificación relativa a la voluntad de no renovar el contrato debe realizarse con cuatro meses de antelación en el caso del arrendador y dos meses de antelación en el caso del arrendatario.

Además de lo anterior, se prevé que en caso de que el arrendador persona física – sin que se contemple esta opción para el arrendador persona jurídica- quiera recuperar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o para su familia antes de que transcurra el período mínimo de cinco años, es necesario que esta opción se hubiera contemplado expresamente en el contrato en el momento de su celebración.

En lo que respecta a las rentas, en cuanto a su actualización, el posible incremento en ningún caso podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el IPC a cada fecha de actualización, evitando así incrementos abusivos de renta. En lo relativo a un posible control sobre las rentas, el Decreto no contempla ninguna medida al respecto, siendo las rentas las pactadas libremente entre las partes. No obstante, en la Disposición Adicional Segunda se establece que en un plazo de ocho meses el Gobierno debe elaborar un sistema de índices de referencia de precios del alquiler de viviendas.

De especial interés en relación con la fianza es que las partes pueden pactar garantías adiciones las cuales se limitan en dos mensualidades de renta en los casos de arrendamiento de vivienda.

Otra de las novedades incorporadas es que el comprador de una vivienda arrendada queda subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia o siete si fuera el arrendador anterior persona jurídica, este el arrendamiento o no inscrito en el Registro de la Propiedad.

En cuanto a los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, estos serán asumidos por el arrendador en caso de que este sea persona jurídica sin salvedades.

  • En cuanto a los cambios que se han realizado en la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Se incluye que, en todo caso, por el Juzgado se comunicará la existencia el procedimiento de desahucio a los servicios sociales y se informará al demandado de la posibilidad que tiene de acudir a los mismos y de que se aprecie su eventual situación de vulnerabilidad, pudiéndose acordar la suspensión del procedimiento incluso – durante un plazo máximo de un mes o tres meses si el demandante es persona física o jurídica- al objeto de que se establezcan las medidas oportunas, todo ello de conformidad con lo establecido en el nuevo apartado 5 del artículo 441.

En conexión con lo anterior, el artículo 686.1 LEC, relativo a los requerimientos de pago en los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, también queda modificado en el sentido de que pasa a ser obligatorio que en estos requerimientos se introduzcan las indicadas en el nuevo apartado 5 del artículo 441 de la LEC.

En relación con esta última cuestión también es novedoso que se establece en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la obligatoriedad de que en la notificación de lanzamiento el Juzgado determine el día y hora exactos en que se vaya a practicar, prohibiéndose lanzamientos con fechas abiertas.

Además, se reforma el artículo 249.1. 6º de la LEC de manera que, a partir de este momento, los procedimientos relativos a arrendamientos no se tramitarán por razón de la materia sino por razón de la cuantía, salvo como antes, los desahucios y las reclamaciones de renta debidas por el arrendatario de la vivienda que en todo caso se tramitarán, conforme al artículo 250.1.ª de la LEC e independientemente de su cuantía, por el juicio verbal.

  • En cuanto a las reformas que han afectado a la Ley de Propiedad Horizontal:

Se regulan como modificaciones principales la necesidad de una mayoría de tres quintas partes de la comunidad de propietarios para que las viviendas puedan destinarse a fines turísticos, el incremento del diez de la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y la posibilidad de que estos últimos recursos puedan destinarse a la realización de obras de accesibilidad.

  • En lo que respecta a las medidas fiscales de mayor interés:

Se añade un apartado 26 al artículo 45.I.B) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el cual se establece que los arrendamientos de vivienda y uso estable quedan exentos del pago de este impuesto.

En relación al IBI, se establece que los ayuntamientos mediante podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda. Además, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos y tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

Por último, destacar la Disposición Transitoria Primera, que establece que los contratos de arrendamientos sometidos a la LAU celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación, no obstante, cabe la posibilidad de que, mediante acuerdo de las partes, los contratos preexistentes puedan adaptarse a lo establecido en este decreto ley, siempre que no resulte contrario a las previsiones legales. En este punto, tener en cuenta que los contratos celebrados entre el 15 de diciembre y el 24 de enero se rigen por el Real Decreto ley 21/2018 ya derogado.

Estas son las principales novedades reguladas en este nuevo Real-Decreto cuya vigencia esperamos que sea de mayor duración que la del anterior, para así evitar posibles situaciones de inseguridad jurídica en relación con una materia tan delicada como los arrendamientos de vivienda.

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Deducción en el IRPF de las dietas abonadas en concepto de gastos de desplazamiento y estancia y manutención

El pasado 24 de octubre de 2018, la Dirección General de Tributos (DGT) se pronunció en la consulta vinculante número V2767-18 sobre el tratamiento de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los rendimientos del trabajo percibidos por el trabajador en concepto de dietas por gastos de locomoción, manutención y estancia.

El artículo 9 del Reglamento del IRPF establece que estarán exceptuadas de gravamen las rentas asignadas para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

No obstante, el citado precepto establece un requisito irremplazable para la aplicación de la exención: que el trabajador se desplace de forma efectiva a un lugar distinto al de su residencia, esto es, que el centro de trabajo donde va a desempeñar su labor se encuentre fuera del municipio en el que se encuentra su residencia habitual.

Asimismo, el propio artículo 9, determina ciertos requisitos en cuanto a la exoneración de tributación por las rentas obtenidas en concepto de gastos de estancia y manutención. En concreto establece lo siguiente:

1.- Requisito objetivo: que se trate de compensar gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

2.- Requisito temporal: que el periodo continuado de desplazamiento efectuado por el trabajador a municipio diferente al de su residencia, no supere los nueve meses.

3.- Requisito cuantitativo: que las dietas abonadas se encuentren comprendidas entre los límites establecidos reglamentariamente. Esto es:

(i) Pernocta:

– Gasto de estancia: los que se justifiquen

– Gastos de manutención: 53,24€/día por desplazamiento en España o 91,35€/día por desplazamiento fuera del territorio español.

(ii) No pernocta:

– Gastos de manutención: 26,67€/día desplazamiento en España o 48,08€/día por desplazamiento fuera del territorio español.

Pues bien, en cuanto al requisito objetivo, como ya vimos anteriormente, el reglamento del IPRF exige desplazamiento efectivo del trabajador para desempeñar su labor en un centro de trabajo situado fuera de su municipio habitual.

En cuanto al requisito temporal, el cómputo global de los desplazamientos a un municipio diferente (de su residencia y centro de trabajo) no debe superar los nueve meses, determinando la DGT, que dicho plazo se entiende de fecha a fecha, no en función de año natural.

En el supuesto de que los desplazamientos superen dicho periodo, las asignaciones para gastos de manutención, estancia y desplazamiento, pierden su condición de rentas exceptuadas de gravamen, sometiéndose las mismas a tributación en su totalidad. Si bien, según puntualiza la DGT, el período de nueve meses debe considerarse únicamente en relación a un mismo municipio.

Respecto al requisito cuantitativo, se encontrarán exceptuados de gravamen los importes abonados en conceptos de dietas siempre y cuando los importes no superen los límites establecidos reglamentariamente.

En este caso, no resultará necesaria la acreditación del importe abonado, en lo que a los límites cuantitativos se refiere, al ser considerados gastos necesarios de manutención y estancia. No obstante, esta consideración no exime a la entidad pagadora de su obligación de acreditar y justificar el lugar, día y motivo de desplazamiento del trabajador.

En consecuencia, la DGT resume su pronunciamiento estableciendo que, cuando (i) el trabajador es destinado a un centro de trabajo distinto al de su residencia por un periodo inferior a nueve meses, y (ii) las rentas obtenidas en concepto de dietas por gastos de manutención, estancia y desplazamiento se encuentren comprendidas entre los márgenes cuantitativos establecidos reglamentariamente, las rentas abonadas se encontrarán exceptuadas de gravamen y consecuentemente, exoneradas de retención e ingreso a cuenta.

La obligación de pago de una subvención por la Administración no puede postergarse a la comprobación de realización de la actividad

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido que el beneficiario puede instar el cumplimiento de la obligación de abono de la subvención tras la aportación de la documentación justificativa, siempre y cuando no se hubiera acordado la suspensión del pago por la Administración, sin que ésta pueda denegarlo con base en la necesidad de comprobación de la actividad.

En el ámbito de las subvenciones, resulta un hecho no poco frecuente que por parte de las Administraciones Públicas no se proceda al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez presentada por el beneficiario la documentación justificativa del cumplimiento de la actividad. Por el contrario, la Administración comienza a realizar actuaciones de requerimiento de documentación que en algunos casos llegan a postergarse durante años.

Esta situación provoca que, pese a que los beneficiarios hayan tenido que sufragar total o parcialmente la ejecución del objeto de la subvención con sus propios medios y recursos -con los efectos que supone según el importe y la capacidad económica del beneficiario-, en muchos casos no procedan a reclamar la liquidación del importe no anticipado o el total de la subvención en la confianza legítima de que por parte de la Administración Pública se procederá al pago una vez verificada la documentación justificativa, teniendo presente que, con carácter general, la Administración suele escudarse para justificar dicho comportamiento en el plazo de 4 años con el que cuenta para ejercitar la acción de reintegro, lo que puede conllevar incluso a la prescripción del derecho de los beneficiarios al cobro de las cantidades.

Partiendo de un escenario similar al descrito, la Sala Tercera del TS ha fijado jurisprudencia [Sentencia de 6 de marzo de 2018 y Sentencia 20 de septiembre de 2018] habiendo dictado dos Sentencias este año 2018 en fechas de 6 de marzo y 20 de septiembre, indicando que la resolución de concesión de la subvención es un acto firme que genera respecto del beneficiario la obligación de justificación de cumplimiento de la actividad a la que se obligó con el otorgamiento de la subvención, y respecto a la Administración, la obligación del abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada la completitud de la justificación presentada, comprobación para lo que dispone del plazo fijado en las bases reguladora de la subvención, -que en el caso enjuiciado era de dos meses-, sin que pueda resultar de aplicación el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el art.39 de la LGS.

En el caso enjuiciado tras la aportación de la documentación justificativa y el requerimiento de pago del resto de la subvención pendiente, la Administración realiza diversos requerimientos de documentación, sin que proceda al abono.

La Administración confunde dos actuaciones administrativas distintas y sujetas a unos requerimientos temporales diferentes con lo que justifica su inactividad, por una parte, la verificación de la justificación presentada por el beneficiario, de naturaleza formal y destinada a contrastar la completitud de la justificación presentada, como paso previo a autorizar el pago cuyo plazo ha de ser necesariamente breve “atendido su limitado ámbito de comprobación”, y por otra parte, la comprobación de la actuación comprometida, que “puede tener un alcance mucho más amplio y por ello perdura en tanto no prescriba la acción de reintegro”.

Partiendo de lo anterior, la Sala Tercera realiza las siguientes conclusiones para declarar la condena a la Administración al abono de las cantidades pendientes por el cauce del artículo 29.2 de la LJCA:

  • No se impide que, en la fase de verificación de la justificación, si la Administración considera insuficiente la presentada por el beneficiario, pueda requerirle para que la complete, o que se pongan los reparos a que haya lugar, incluso la posible iniciación inmediata del procedimiento de reintegro, con la posible adopción de medida cautelar de suspensión del abono de los pagos pendientes.

  • Lo que no cabe es dilatar la fase de verificación documental, necesariamente breve por su finalidad limitada, so pretexto de que la facultad de comprobación queda abierta en tanto no prescriba la acción de reintegro, siendo actuaciones independientes.

En definitiva, indica la Sala Tercera que “aun si la actividad de comprobación se ha iniciado por la Administración, pero no se ha acordado la suspensión de pagos, el abono de la subvención resulta igualmente obligado si es que la justificación documental esta completa, algo que no se ha cuestionado en la contestación a la demanda”.

Por tanto, los beneficiarios que hayan procedido a la presentación de la documentación justificativa de la subvención conforme a la norma reguladora correspondiente podrán solicitar por el cauce dispuesto en el artículo 29.2 de la LJCA (ejecución de un acto firme) el abono de la subvención o de las cantidades pendientes, más los intereses de demora correspondientes, siempre y cuando haya transcurrido el plazo fijado para realizar las labores de verificación de la justificación por parte de la Administración, y no se haya acordado la suspensión de su pago. La Administración debe pagar con independencia de su facultad de comprobación para lo que dispone de un plazo de prescripción de 4 años, sin que los requerimientos al efecto tengan incidencia en su obligación de pago. Igualmente, empezará a correr el plazo de prescripción de 4 años del beneficiario de la subvención para reclamar el pago.

Oficina de Sevilla

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