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MAIO en la II edición de Orienta Iuris

MAIO en Orienta Iuris

 

El pasado 27 de Octubre MAIO intervino como despacho participante en la Feria de Empleo Jurídico de Galicia y el Norte de Portugal. En su segunda edición, Orienta Iuris se concibe como punto de encuentro para que estudiantes y profesionales del mundo del Derecho puedan interrelacionarse y facilitar el acceso al mercado laboral. 

El acto arrancó con una mesa redonda donde antiguos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo expusieron su experiencia en el mercado laboral. Asimismo, diferentes profesionales del Derecho aportaron su visión del sector en la actualidad a los estudiantes asistentes.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la zona de exposiciones donde las distintas entidades colaboradoras expusieron a los asistentes sus planes de carrera.

Nuestra abogada del departamento bancario y mercantil en el despacho de Vigo, Paula Martínez Molares, ha asistido en representación de MAIO para informar a los estudiantes sobre el plan de carrera de nuestra firma.

Incidencia de un concurso de acreedores en una Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)

Unión Temporal de Empresas

Normativa aplicable a las Uniones Temporales de Empresas

La regulación de las Uniones Temporales de empresas se encuentra prevista en normas fiscales como la Ley 18/1982, de 26 de mayo sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial y Regional, modificada posteriormente por otras como (Ley 43/1995, y 66/1997, de Impuesto de Sociedades, Ley 46/2002, de Medidas Fiscales; Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social….). Destaca la Ley 12/1991, de Agrupaciones de Interés Económico, que vino a sustituir la figura de la Agrupación de Empresas.

Las Uniones Temporales de Empresas, se encuentran reguladas, en materia contractual en los artículos 59, 66 y 149. 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 24, 51, 52 y 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

Posible resolución del contrato por concurrencia de causa imputable a uno sólo de los miembros de la Unión Temporal de Empresas

Se ha de estar a lo previsto en el artículo 223 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), en el que se recogen las causas de resolución de los contratos, entre ellas se encuentran:

  1. a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85.
  2. b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento(…)” Consecuentemente, habrá que atender, en primer lugar a las consecuencias que puede tener para la UTE como contratista, la declaración de concurso o insolvencia de una de las personas jurídicas que la integran, y en especial, si dicha nueva situación produciría la resolución del contrato formalizado por la UTE.

Para responder a esta cuestión, el Informe 7/2012, de 7 de junio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña señaló lo siguiente: “El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, prevé en su artículo 59, relativo a las “uniones de empresarios” que pueden contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesario formalizarlas en escritura pública hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor y que los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedan obligados solidariamente y tienen que nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contratos hasta que se extinga. (….) “la duración de las uniones templares de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.” A lo que debe añadirse lo previsto en el apartado  2, donde se señala que “ Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente (…)”

Por su parte, la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional, define a las uniones temporales de empresas en su artículo séptimo “tiene la consideración de unión temporal de empresas el sistema de colaboración entre empresarios por un tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o la ejecución de una obra, de un servicio o de un suministro”, la unión temporal de empresas no tiene personalidad jurídica propia.

De esta forma son dos las circunstancias que tipifican la unión temporal de empresas:

  1. La asunción de un compromiso solidario entre varios empresarios condicionado a la adjudicación del contrato, sin que surja una nueva persona jurídica
  2. El carácter temporal del compromiso, cuya vigencia queda ligada a la propia vigencia del contrato del que la unión de empresas trae causa.

La entrada en concurso de uno de los integrantes de la UTE

El artículo 224.2 del TRLCSP preceptúa que “ 2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato (….) 5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará si el contratista presentare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución.” El artículo presenta la facultad de resolver el contrato si se declara el concurso y la obligación de resolverlo si se declara la insolvencia en cualquier procedimiento o la apertura d ella fase de liquidación en un concurso, por parte de la Administración contratante. Sin embargo, para las UTEs no rige la misma norma.

La cláusula 68 del Decreto 3854/1970, que no fue derogado expresamente por el RGLCAP, por lo que cabe entenderlo vigente en todo lo que no contradiga a la Ley o Reglamento señala que “Cuando alguna de las empresas que forman parte de una agrupación temporal quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los números 4,5, y 6 (declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista) del artículo 157 del Reglamento General de Contratación, la Administración estará facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del contrato o a las restantes empresas que formen la agrupación temporal o para acordar la resolución del mismo.”

La jurisprudencia si bien en relación con la legislación anterior sobre insolvencias, ha venido sosteniendo que la declaración de concurso de uno de los integrantes de la UTE no es causa de resolución del contrato, en la medida en la que los miembros de la UTE no son estrictamente el contratista o adjudicatario del contrato, sino que los es la UTE- en este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2000 afirmaba que “ En orden a la primera alegación su desestimación deviene en base a las siguientes razones: de los datos fácticos aportados al proceso, y que se expresan en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, aparece que la adjudicataria de la obra fue la Unión Temporal de Empresas formadas por dos compañías constructoras, por la que la suspensión de pagos, a la que devino una de ellas, carece de virtualidad jurídica, ya que, por un lado esta situación concursal se presenta por una sola de las personas jurídicas que constituían el sujeto jurídico obligado, como adjudicatario, a ejecutar la obra contratada “ En estos casos entendemos que si bien pueden adoptarse soluciones intermedias para no crear perjuicios a la Administración contratante ni a las empresas que, formando parte de la UTE, se hallan en situación de continuar con el contrato».

La Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2000 en la que se expresa lo siguiente: “ (…) En orden a la primera alegación su desestimación deviene en base a las siguientes razones: de los datos fácticos aportados al proceso y que se expresan en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, aparece que la adjudicataria de la obra fue la Unión Temporal de Empresas formada por dos compañías constructoras, por la que la suspensión de pagos, a la que devino una de ellas, carece de virtualidad jurídica, ya que, por un lado, esta situación concursal se presenta por una sola de las personas jurídicas que constituían el sujeto obligado, como adjudicatario a ejecutar la obra contratada; en segundo lugar, la situación legal de suspensión de pagos, únicamente determina los efectos de la intervención judicial de las operaciones a efectuar en el tráfico jurídico-comercial por la entidad suspensa, pero para afectar al cumplimiento de sus obligaciones nacidas de los contratos por ella concertados, no existe paralización de la actividad empresarial y jurídica que constituye el quehacer de su objeto social; (…) La alegación de la parte recurrente sobre que la Administración debió proceder a resolver el contrato por la suspensión de pagos de una de las empresas que formaban la unión temporal de empresas debe ser desestimada, toda vez que tal situación concursal únicamente afecta a una de ellas, cuando ambas estaban obligadas al cumplimiento del contrato”

Posible cesión del contrato entre miembros de la UTE

El artículo 226 del TRLCSP, prevé la posible cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato si se dan los siguientes supuestos:

  • Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, o que no suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
  • Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado
  • Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión
  • Que el cedente tenga ejecutado, el menos, el 20% del importe del contrato (….) No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.
  • Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en causa de prohibición de contratar.
  • Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. La unión temporal de empresas como cualquier otro contratista podrá, cumpliendo los requisitos señalados, ceder el contratos del que sea adjudicataria a tercero. Sin embargo, una cosa es la cesión del contrato por la UTE en sí, y otra es si cabe la cesión del contrato entre los miembros de la UTE, pues la cesión de un contrato supone la existencia de un tercero (cesionario),ajeno inmediatamente a la relación contractual, y en puridad, en el caso de cesión entre integrantes de la UTE, tal ajeneidad no se da.

No obstante lo cual, informes de distintas Juntas Consultivas, así como la jurisprudencia, entienden que sí es posible esta modalidad de cesión, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones antedichas previstas en el artículo 226 del TRLCSP. El informe de la Junta Consultiva de Baleares 1/2004, atiende a la siguiente pregunta. “”¿Reúne la condición de “tercero” un socio de una sociedad? ¿Un miembro de una UTE? La respuesta no está en determinar la cualidad de socio de una UTE. Lo cierto es que si la Ley autoriza a ceder un contrato a favor de un tercero, a más abundamiento es posible la cesión del contrato a un socio de una UTE adjudicataria de ese contrato, y ello porque la Administración ha conocido al cesionario, éste en calidad de socio, ha optado al concurso y ha sido adjudicatario del mismo, o sea, si la Administración puede ceder un contrato a un tercero, con más motivo y razón podrá cederlo a un socio de la entidad adjudicataria del contrato, ya que hablamos en todo momento de personalidades jurídicas diferentes. Por consiguiente, si se cumplen los requisitos del artículo 114.2 de la LCSP (art. 226 TRLCSP), el socio de una UTE adjudicataria de un contrato administrativo, en este caso, de obras, podrá ser cesionario de ése contrato.”

 

Por Ramón González-Babé

Socio responsable del Área Mercantil y Societaria

Oficina de Vigo

MAIO, miembro fundador de la Fundación Mentor

Fundación Mentor

El pasado 12 de Julio, y con la premisa de dotar a los directivos del futuro de las habilidades básicas para moverse con éxito en las empresas, se inauguró oficialmente en Vigo la Fundación Mentor.

Integrada por 21 empresas del área metropolitana, entre las que se encuentra MAIO, la Fundación Mentor surge para cubrir el espacio que existe en la actualidad entre la formación universitaria y el salto al mundo laboral. Se presente con ello fortalecer la formación integral del alumnado en competencias básicas como la inteligencia emocional o la oratoria.

Les ampliamos más información sobre la Fundación y la intervención de nuestra firma en la misma a través de la noticia publicada por el diario Faro de Vigo: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/07/12/habilidades-basicas-directivos-futuro/1714984.html 

MAIO en el Congreso Tributario organizado por AEDAF y el CGPJ.

Consejo Tributario 2017

El pasado 3 de Mayo en Bilbao, Javier Gómez Taboada (situado a la izquierda de la imagen), socio del área tributaria en nuestro despacho de Vigo, participó en un debate sobre el nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Moderado por D. Luis Manglano (Magistrado del TSJ-Valencia), y teniendo como interlocutores a D. Joaquín Huelín (Magistrado del Tribunal Supremo) y Dña. Ana Ullate (Abogada del Estado adscrita al Servicio Jurídico de la AEAT), el debate permitió abordar el análisis de diversos aspectos vidriosos de esta nueva vía de acceso al Supremo.

Entre los diversos temas de debate destacaron las resoluciones judiciales recurribles, el filtro de su admisión a trámite, su interacción con el recurso de amparo o el régimen de ejecución de la resolución recurrida.

Desde MAIO agradecemos tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Asociación Española de Asesores Fiscales su confianza.

El derecho de separación entre socios.

Sin duda, una de las principales novedades legislativas en el ámbito mercantil del año 2017, y que poco a poco va a ir generando un alto de grado de litigiosidad societaria, ha sido la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital («LSC»).  Dicho artículo reconoce a los socios un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos (excepto en las sociedades cotizadas).

Sala de juntas

 

Se trata de una modificación sustancial del derecho de sociedades, puesto que no existía ninguna obligación legal para la sociedad de repartir sus beneficios. Esto conlleva ahora dotar al propio socio de un instrumento para desvincularse de la sociedad, limitando así los poderes de la junta general, órgano soberano de la sociedad.

 

Requisitos para ejercitar el derecho de separación.

Para poder ejercitar este derecho es preciso que se den tres requisitos principales:

  • Deben haber transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
  • Siempre que se dé el supuesto de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que, además, sean legalmente repartibles. Es decir, siempre que no haya limitaciones reglamentarias como por ejemplo, reservas legales o compensación de determinadas pérdidas.
  • Solo podrá ejercerse por el socio que haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales. Es de vital importancia que el socio así lo manifieste y deje constancia expresa en la junta.

 

Plazos y otras cuestiones a tener en cuenta.

El plazo para ejercer este derecho es de un mes desde la fecha de celebración de la junta general en la que no se haya aprobado la distribución del dividendo.

Concurriendo estas condiciones y ejercido en plazo el derecho de separación por el socio, la sociedad estará obligada a comprar su porcentaje de participación o sus acciones en la sociedad.

El precio de compra será el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones acordado entre la sociedad y el socio.

En defecto de acuerdo, el valor será determinado por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración.

Directivo

 

Un derecho con suspensión previa. 

El artículo 348 Bis en cuestión había entrado en vigor el 2 de octubre de 2011, a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, pero su aplicación fue suspendida en el año 2012 y posteriormente, se amplió la suspensión hasta diciembre de 2016.

El motivo de esta suspensión fue la controversia suscitada en torno a esta figura, desde sus inicios, ya que se trata de una herramienta que va a permitir a los socios minoritarios forzar a la sociedad a que adquiera sus participaciones, de especial relevancia, por tanto, en las sociedades en conflicto o incluso en las familiares.

El objetivo que se pretendía al introducir este artículo 348 Bis era acabar con los abusos de derecho que se venían produciendo por el accionariado o los socios titulares de una gran parte del capital social al negarse sistemáticamente al reparto de dividendos o incluso estar percibiendo beneficios de forma privada y especialmente, crear un mecanismo que evitase al socio minoritario tener que acudir a los tribunales.

El propio legislador consideraba que la falta de reparto de dividendos suponía una vulneración de los principales derechos inherentes a la condición de socio, entre ellos, su derecho de información en lo que respecta a las cuentas y a la imagen fiel del patrimonio de la sociedad.

No obstante, desde la entrada en vigor surgieron discrepancias con este principio y multitud de opiniones en contra. Entre ellas, determinados sectores de la doctrina entendían que podría vulnerarse el principio de libertad de empresa, así como la jurisprudencia consideraba que no se definía claramente ni se concretaban los requisitos para su ejercicio.

Además, la entrada en vigor (en el año 2011) coincidió con tiempos de crisis económica y financiera, por lo que existía el temor de que, con la aplicación de este derecho, muchas empresas que estaban sometidas a altos niveles de endeudamiento incurriesen en incumplimientos o que se impidiese a las empresas que hubiesen sufrido la crisis reinvertir la mayor parte de los primeros beneficios que pudieran ir obteniendo para reforzar su balance.

Finalmente, otra de las cuestiones controvertidas es la posibilidad de renuncia a este derecho por parte de los socios a través de los Estatutos Sociales. La respuesta parece estar en el artículo 347 LSC, que permite la limitación de este derecho de separación, siempre que así se apruebe por unanimidad. Esto significa que, basta que un socio vote a favor del reparto de dividendos para que éste mismo pueda pedir el rescate de sus acciones/participaciones.

En definitiva, el reciente artículo 348 Bis LSC introduce un cambio para las sociedades de gran relevancia, al que deberán adaptarse creando nuevas estrategias de organización y pactos sociales. Previsiblemente, seguirá generando debate y habrá que esperar para ver si efectivamente se consigue la finalidad de proteger al socio minoritario contra los abusos de la mayoría, o por el contrario, tendrá un efecto económico negativo para aquellas sociedades que dejen de destinar sus beneficios para su auto-inversión.

 

¿Necesita asesoramiento al respecto?

Asesoramiento legal

Nuestros abogados del área mercantil y societaria están a su disposición para asesorarle al respecto de este nuevo derecho de separación.

Por Paula Martínez Molares
Abogada asociada del área mercantil y societaria en nuestro despacho de Vigo

Justicia televisada

Justicia televisada

Estamos inmersos desde hace años en un circo mediático donde los procesos judiciales o las actuaciones policiales son televisados y los medios de comunicación publican “en exclusiva” noticias sobre los mismos, incluso en casos de secreto sumarial. Parece que la sociedad está podrida, y que todo lo que nos rodea es una cloaca por la que transitan las peores ratas. Sí, es cierto, hay mucha corrupción y falta de valores,  pero no perdamos de vista el derecho constitucional de presunción de inocencia, pisoteado cuando a un abogado o a un funcionario (policial o judicial) le apetece ventilar ante la prensa el asunto que lleva entre manos y sobre el que debería guardar silencio.

 

Recientemente se me ha notificado un auto de archivo contra tres concejales de un Ayuntamiento gallego y varios empresarios, sobre los que se inició un proceso judicial en el año 2013. Proceso sobre el que una de las partes, el partido político de la oposición, filtraba a los medios de comunicación “su verdad” y describía un mundo de corruptelas entre políticos y empresarios amigos, contrataciones irregulares, desvíos de dinero, facturaciones falsas, adjudicaciones de obra pública saltándose la legalidad, etc. El caso es que dos de aquellos políticos se vieron obligados a abandonar la vida política, y la persona que era denunciante, causalidades de la vida, ostenta hoy la alcaldía de esa localidad.  Todo ello aderezado con un atestado policial que en base a “indicios”  puso una cruz sobre determinadas personas.  Los medios de comunicación en su momento sacaron en portada y contribuyeron a mancillar el nombre de estas personas, pero cuando, cuatro años después, se ha dictado el auto de archivo, la noticia, no ocupó más que una pequeña noticia diluida entre otras de interés. Quien hoy ostenta la alcaldía, y que antes copaba los medios de comunicación, ni una sola palabra de disculpa….total, ¿Porqué? Si su objetivo se consiguió. Y como la vida es un boomerang, ese flamante alcalde/alcaldesa, hoy contrata a algunas de las empresas a las que antes imputaba formar parte de una trama con aquellos horribles e infames políticos, hoy con la causa judicial archivada, pero con un calvario de cuatro años en los que se vieron señalados y machacados de modo injusto.

Justicia televisada

Me ha inquietado la frase del Juez Eloy Velasco en entrevista efectuada en pasados días en un periódico donde decía que “los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo”, como si estuviéramos ante una votación de la audiencia de uno de esos concursos de Televisión donde el espectador decide quién sale de la casa o de la isla;  en este caso parece que el mediático Magistrado pretende que el pueblo decida por votación quién entra en prisión o a quién se le arruina la vida.

 

PD.- Ese Ayuntamiento deberá pagar los honorarios de la defensa de los tres concejales, y seguro que está pagando los de su propio abogado-a, claro está, amiguete o novieta , del hoy ufano alcalde.

Por Ramón Amoedo
Socio responsable del Área Penal
Oficina de Vigo.

Javier Gómez: «El Estado está tratando a la ciudadanía como si fuésemos menores de edad”

Un año más hemos participado en las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad del Colegio de Economistas de A Coruña. El pasado 2 de Febrero nuestro socio, Javier Gómez, intervino con una ponencia sobre la crisis de la presunción de validez de los actos tributarios.

Jornadas Tributarias A Coruña

En su exposición,  Javier Gómez planteó que es momento de abrir el debate sobre si la relación entre poder y ciudadanía debería converger hacia un plano de mayor igualdad. Según nuestro socio responsable del área fiscal en la oficina de Vigo, la presunción de validez de los actos de la administración no es un principio constitucional que no admita discusión: “el estado está tratando a la ciudadanía en general como si fuésemos menores de edad”, recalcó.

Javier Gomez en A Coruña

Desde MAIO queremos agredecer el interés mostrado por los asistentes. Y sobre todo, dar las gracias al Colegio de Economistas de A Coruña, por confiar en nosotros una vez más.

El efecto retroactivo total de la declaración de nulidad de la «cláusula suelo»

La reciente sentencia, de fecha 21 de diciembre de 2.016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la retroactividad total de los efectos producidos por la declaración de nulidad de las llamadas “cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios.

clausula suelo

¿Qué supone este fallo del Tribunal de la UE?

El fallo dictado contradice el criterio establecido en su día por nuestro Tribunal Supremo en la, ya conocidísima, sentencia de 9 de mayo de 2.013. En ésta se limitaban los efectos de la retroactividad a la fecha de dicho pronunciamiento, esto es, hasta el 09/05/2.013, sin que se pudieran reclamar cantidades anteriores a esta fecha.

Pues bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa entiende que la limitación acordada por nuestro Tribunal Supremo equivale a privar con carácter general a todo consumidor, que haya celebrado antes del 9 de mayo de 2.013 un contrato de préstamo hipotecario que contenga una “cláusulas suelo”, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que hubiere abonado indebidamente a la entidad bancaria, dentro del período comprendido desde la fecha de formalización del contrato de préstamo por el particular y el 9 de mayo de 2.013.

Entendiendo, por lo tanto, la protección establecida por nuestro Tribunal Supremo en su sentencia como incompleta e insuficiente. Y por tanto, no constituyendo un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de la citada cláusula abusiva.

El pronunciamiento dictado por el alto tribunal permite a los consumidores reclamar a las entidades financieras las cantidades abonadas indebidamente desde la fecha de formalización del préstamo,y no únicamente desde el 9 de mayo de 2.013. Eso sí, siempre que la “cláusulas suelo” contenida en el contrato de préstamo no supere el control de transparencia o claridad exigido.

clausula suelo

¿Qué puedo hacer si decido reclamar la devolución de la cláusula suelo?

Para más información sobre las cláusulas suelo y su posible reclamación, lea nuestro artículo anterior.

¿Necesita asesoramiento al respecto? Nuestros abogados del departamento bancario están a su disposición para asesorarle en los trámites de la reclamación ante su entidad financiera.

Babé y Cia, premio a la empresa familiar.

En MAIO, nos alegramos de los éxitos y reconocimientos que reciben nuestros clientes. Esta pasada semana hemos conocido la noticia de que la familia González-Babé, propietarios de Babé y Cia, han sido galardonados por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) con su premio anual.

Babe y cia

Un premio más que merecido. No en vano, la trayectoria de esta empresa se caracteriza por su continuidad y la apuesta por sus valores fundacionales  a lo largo de los 128 años desde su creación. Actualmente, la familia fundadora continúa siendo propietaria del 100% del capital de la empresa. Todo un ejemplo de empresa familiar. 

La compañía Babé y Cía fue fundada en 1887 por Evaristo Babé y Geli como sociedad para la explotación de la primera refinería de petróleos instalada en Galicia y una de las primeras de España. En la actualidad, su actividad se centra principalmente en la logística y el transporte de hidrocarburos  en todo el noroeste de la Península. Su modelo de negocio corporativo es estudiado en reputadas escuelas de negocios. 

Familia González-Babé
Javier González-Babé y Cristina González-Babé.

El próximo martes 22 de noviembre Javier González-Babé Ozores, presidente de la compañía, recogerá el galardón de manos del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en un acto que se celebrará en Santiago de Compostela.

Desde MAIO, reiteramos nuestra más sincera enhorabuena a Babé y Cia, una de las empresas que ha confiado en nosotros desde el inicio de nuestra firma. ¡Felicidades!

Javier Gómez en las Jornadas «Los caminos de la competitividad»

Los responsables de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) han valorado como «muy positivo» el resultado final de las Jornadas «Los caminos de la competitividad» organizadas por su organización el pasado 3 de Noviembre en Santiago de Compostela, y en las que nuestro socio Javier Gómez Taboada, intervino como ponente.

Javier Gómez en APD

Desde APD confirman que la sesión ha aportado claves importantes para propiciar que las empresas y directivos participantes sean más competitivos en un contexto tan complejo como el actual. 

Nuestro socio aportó su grano de arena en dicho evento con una charla bajo el título «La fiscalidad como elemento diferenciador. En España, ¿se incentiva o se disuade?».