Cristian Feijoo | Asociado/a

Cristian es funcionario estatal durante casi una década y en situación de excedencia voluntaria por interés particular desde el año 2017, ejerce como abogado colegiado especializado en derecho público-administrativo. Ha realizado publicaciones académicas relativas a los derechos de los funcionarios y en el ámbito de la contratación pública, donde ostenta una especialización tras más de 500 horas de formación específica.

Antes de su incorporación a MAIO, Cristian ejerció como abogado en el área de derecho público y administrativo de Vento Abogados & Asesores en la oficina de Vigo.

Ha prestado asesoramiento integral a empresas en materia de contratación pública, desde la fase de licitación hasta la de ejecución del contrato público, dirigido recursos administrativos ante los órganos contractuales y tribunales administrativos y, también, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, ha realizado asesoramiento a administraciones públicas en este ámbito, desde la misma fase de preparación de la licitación y elaboración de los pliegos aplicando criterios de contratación pública estratégica (contratación pública verde, innovación, contratación de integración social responsable, fomento de pymes…) hasta la fase de ejecución (revisiones de precios, prórrogas, resolución, condiciones especiales de ejecución…).

 

Su trayectoria profesional como funcionario le otorga un conocimiento directo del funcionamiento interno de las administraciones y de las problemáticas existentes en el empleo público, con experiencia letrada en la defensa de sus derechos individuales y colectivos (reclamaciones salariales, reclasificaciones profesionales, concursos de méritos y traslados, acceso y cese de la relación funcionarial, clases pasivas…).

 

Cristian también ha prestado asesoramiento en urbanismo (régimen y usos del suelo; planeamiento urbano; gestión de su ejecución mediante la equidistribución en sistemas de cooperación, concierto y compensación; y en disciplina urbanística) y a empresas en sectores regulados de la actividad económica como la energía, transportes, sanidad y farmacia, agroalimentación, gestión de residuos, medioambiente…

 

También ejerce la dirección letrada en todo tipo de procedimientos administrativos en todas las instancias administrativas y judiciales.