Tras el rechazo parlamentario al proyecto de ley para la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, el Gobierno ha anunciado que impulsará una reforma del registro horario mediante decreto. El objetivo es reforzar el control de jornada en las empresas, con medidas como la obligatoriedad del formato digital, el cumplimiento personal por parte del trabajador y la incorporación de horas extra en la nómina.
Alejandro Gil, socio del área Laboral de MAIO Legal, ha analizado en El País y Expansión las implicaciones legales de este anuncio. En su opinión, el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores permite un desarrollo reglamentario suficiente para introducir estas exigencias, que sustituirían la actual guía técnica usada como referencia. No obstante, reconoce que aspectos como la interoperabilidad con la Inspección de Trabajo o el tratamiento de datos personales podrían plantear desafíos adicionales en términos de privacidad y seguridad jurídica.
En este contexto, la reforma podría suponer un cambio relevante para las empresas, que deberán revisar sus sistemas de control horario y adaptarse a las nuevas obligaciones con criterios de trazabilidad, fiabilidad y cumplimiento documental.
