El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado que, ante una operación de pago no autorizada, la entidad financiera debe reembolsar el importe al cliente de forma inmediata, sin que una posible negligencia grave pueda utilizarse para bloquear inicialmente la devolución. La entidad podrá reclamar posteriormente si acredita que concurren los requisitos para exigir responsabilidad al usuario.
En un artículo publicado por El Economista, Guillermo Hidalgo, Counsel de MAIO Legal y experto en Derecho Digital, señala que la aplicación práctica de la sentencia deja todavía varias cuestiones por concretar. Entre ellas, qué debe entenderse por comunicación “sin demora”, cuándo puede hablarse de una sospecha razonable de fraude del propio cliente y cómo distinguir jurídicamente entre una operación autorizada y una no autorizada.
La resolución puede tener además efectos sobre reclamaciones ya planteadas, siempre que no exista sentencia firme ni hayan prescrito, y obligará a las entidades a revisar la forma en que gestionan este tipo de incidencias y conservan las evidencias necesarias. El debate seguirá abierto, además, ante la futura regulación europea de pagos y la interpretación que hagan los tribunales de estas zonas grises.
