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Best Lawyers reconoce a 5 abogados de MAIO Legal entre los mejores de España

La prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers ha seleccionado en su última edición a cinco profesionales de MAIO Legal entre los más destacados de España en 4 áreas de práctica. Este directorio reconoce el desempeño de los abogados de cerca de 50 áreas de práctica en función de la valoración de los propios compañeros de profesión, siendo una de las publicaciones jurídicas más respetadas y seguidas del sector de la abogacía.

Los profesionales reconocidos de nuestra firma son:

 

Ignacio Arráez

Tax Law

Alfonso Martínez Escribano

Lawyer of the Year

Labor and Employment Law

Yohana Calachi

Real State Law – Urban Planning

Ángela Toro

Labor and Employment Law

¿Está la prestación por maternidad exenta del pago del IRPF?

La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la Ley del IRPF.

El Tribunal declara exenta esta prestación de conformidad con lo establecido en el art.7, h) de la Ley 35/2.006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

maternidad

Más concretamente, conforme a lo señalado en el párrafo tercero de dicho precepto, el cual establece que: “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. Entendiendo que dicha exención tiene un alcance general sin distinguir la procedencia de las prestaciones, esto es, cualquiera que sea el órgano pagador, como así matiza el párrafo 4º del mismo apartado al entender exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

En el supuesto planteado, entiende el Tribunal que al ser el órgano pagador el Instituto Nacional de la Seguridad Social (entidad gestora de la Seguridad Social que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social), adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la prestación por maternidad percibida por este Ente público debe estar forzosamente incluida en el párrafo tercero del art.7, h) LIRPF, y no en el párrafo cuarto como defiende el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

Madre con niño

El fallo dictado contradice la interpretación de la regulación legal realizada por la Agencia Tributaria, la cual ya se vio obligada en el 2.014 a emitir una nota informativa para aclarar el tratamiento fiscal de este tipo de prestaciones, en la que confirmaba que “las retribuciones satisfechas en forma de prestación por maternidad por la Seguridad Social deben calificarse como rendimientos del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establecen que en todo caso tienen la consideración de rendimientos del trabajo las prestaciones percibidas de los regímenes públicos de la Seguridad Social, no siéndoles de aplicación ninguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 35/2006”, estando únicamente exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

Aunque la sentencia dictada sólo afecta al supuesto enjuiciado, y no crea jurisprudencia al no caber recurso ante el Tribunal Supremo, el fallo abre la posibilidad de solicitar la devolución de lo tributado por este concepto desde 2.012.

Artículo elaborado por el área laboral de nuestro despacho en Galicia. 

Pueden consultar otras píldoras laborales, pinchando aquí

Riesgos de tomarse a la ligera la responsabilidad penal de la empresa

Me llama poderosamente la atención la “ligereza” con la que muchos empresarios se toman la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y su negativa a implementar un protocolo de prevención de la misma. Ello a pesar de las duras penas que el Código Penal contempla (disolución de la persona jurídica, cierre de instalaciones, cese de actividad, etc) o del daño reputacional que conllevará una imputación penal de la empresa y una más que posible condena.

Proteccion de datos

Tanto la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016 como diferentes resoluciones judiciales están abordando este tema y dejando clara cuál es la postura al respecto. Entre otras, destaco el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2015 que imputa a una firma automovilística; Auto del Juzgado Central de Instrucción nº5  de 13 de mayo de 2015 de la Audiencia Nacional que decretó la apertura de juicio oral contra un Club deportivo; Auto del mismo Juzgado de 6 de abril de 2016 por el que se imputó a una importante y conocida Auditoría y a otra Consultoría; o Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 que impuso una pena de disolución a dos personas jurídicas y una pena de prohibición de realizar actividades comerciales en España por término de 5 años a otra.

Ampararse en el coste que puede suponer a la empresa la implementación del “Compliance” es un argumento que no puede ser utilizado por un empresario que obre con la mínima diligencia. A la larga, caso de una condena, el coste será infinitamente mayor, tanto desde el punto de vista económico como reputacional. Igual de negligente es el argumento de que ninguna ley obliga a implementar el protocolo, cuando lo cierto es que el Código Penal además de haber introducido desde el 2010 la llamada responsabilidad penal de la persona jurídica ha previsto precisamente el modo de evitarla o atenuarla con dicha implementación.

De ahí, que a riesgo de ser pesado, vuelva a reiterar, como ya hicimos en artículos anteriores a los responsables de las empresas que procedan a implementar un Protocolo de prevención de la responsabilidad penal. Luego vendrán las lamentaciones cuando llegue la imputación a la empresa y el trabajo de años se desmorone como un castillo de naipes.

Por Ramón Amoedo
Socio responsable del Área Penal
Oficina de Vigo.

 

Si desea recibir más información acerca del «Compliance penal» y cómo implementarlo en su empresa, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Ponencia de MAIO Legal sobre ciberseguros

El pasado martes 21 de junio MAIO Legal fue responsable de impartir la última ponencia celebrada en las Jornadas «Desayuna con INADE», con gran éxito de afluencia y participación. En esta ocasión, el evento, organizado por la Fundación INADE (Instituto Atlántico del Seguro) en el Club Financiero de Vigo, contó con la presencia de dos de nuestros socios:  Ángel Vallejo, socio fundador y responsable del área procesal, penal y de seguros en Madrid, y Ramón González-Babé, responsable del área mercantil y societaria en el despacho de Vigo.

Charla ciberseguros

Bajo el título Ciberseguros. La transferencia del ciberrriesgo en España, Ángel Vallejo analizó el riesgo de la seguridad de la información (ciberriesgo) y dio a conocer las soluciones de transferencia a la industria aseguradora (ciberseguros).

Asimismo, se reflexionó sobre las nuevas amenazas asociadas al entorno digital, la interconectividad y la digitalización del tejido empresarial español, que constatan la necesidad de un cambio de paradigma al gestionar los riesgos cibernéticos.

Maio Legal - Angel y Babé

El nuevo reglamento europeo de protección de datos

El pasado 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el nuevo Reglamento de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

No obstante, desde su publicación hasta su fecha efectiva de aplicación, se ha establecido un período transitorio, de forma que dicho Reglamento no será aplicable hasta dos años después de la fecha de entrada en vigor (que se produce a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea), esto es, mayo de 2018.

Con la publicación de este nuevo reglamento se pretende una “modernización y adaptación” de los tratamientos de datos a la era digital.

Proteccion de datos

Las principales novedades que recoge esta tan esperada norma son las siguientes:

La introducción del llamado «derecho al olvido». 

Con este nuevo derecho se permitirá a los titulares de los datos obtener la supresión o rectificación de los datos personales que hubiesen facilitado al responsable del tratamiento en determinados supuestos, entre otros, cuando los datos no sean necesarios para las finalidades para las que fueron recogidos, cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente o cuando los datos personales deban suprimirse para cumplir con una obligación legal.

No obstante, y como contrapartida, se establecen una serie de excepciones al ejercicio de dicho derecho, como puede ser el derecho a la libertad de expresión e información, el cumplimiento de una obligación legal, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo en interés público, de investigación científica, histórica o estadística, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

La necesidad de «consentimiento claro y afirmativo» del titular de los datos.

No se admite ya el consentimiento tácito, y reforzando la obligación de informar al titular de los datos tanto en el supuesto de que los mismos se recaben directamente del interesado como si se obtienen de otra fuente.

Así no es suficiente con facilitar al titular de los datos la información obligatoria recogida en el LOPD, sino que deberá ampliarse dicha información a, entre otras cuestiones, el plazo de conservación de los datos o el derecho a la portabilidad de los mismos.

La «portabilidad de los datos». 

Esta novedad permitiría a los titulares de los datos transferir sus datos de un sistema de tratamiento electrónico de un proveedor de servicios a otro, sin que se lo impida el responsable del tratamiento.

Derecho a ser informado. 

Siempre que los datos personales hayan sido «pirateados», existe el derecho a ser informado.

La figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). 

Se impone la obligatoriedad del nombramiento de un DPO siempre que el tratamiento sea llevado a cabo por una autoridad u organismo público, excepto los Tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; o cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales (como el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos) y de datos relativos a condenas e infracciones penales.

El DPO deberá conocer profundamente las normas de protección de datos europeas, así como su práctica, pudiendo desarrollar esta función un empleado de la compañía o actuar mediante un contrato de prestación de servicios.

En cuanto a sus funciones destacan el asesoramiento general dentro de la empresa en todo lo relativo a protección de datos personales, la supervisión del cumplimiento de la legislación y políticas de privacidad, con especial atención a los riesgos asociados a las actividades que llevara a cabo la empresa, la elaboración de informes de evaluación de impacto de ciertos tratamientos de datos personales y la cooperación con las autoridades de control nacionales.

Sanciones en caso de incumplimiento. 

Por último, una de las novedades que más puede interesar a las empresas o responsables del tratamiento son las cuantías de las sanciones en caso de incumplimiento, las cuales se elevan pudiendo alcanzar, en su grado más alto, hasta 20.000.000 € o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

En definitiva, con el nuevo Reglamento de Protección de Datos se inicia un período de transición que implica un fortalecimiento de los derechos de los interesados y una rápida adaptación de las empresas a este nuevo marco normativo europeo.

Por Tamara Fuentes Vidal,
Abogada asociada del Despacho de Vigo.

 

¿Cumple su empresa con la normativa sobre protección de datos? Descúbralo

Novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil

Les comunicamos las últimas novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil, como consecuencia de la promulgación de normas de naturaleza contable y fiscal:

 

Resolución de 26/02/2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28/01, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma (B.O.E. 09/03/2016). 

 

  1. La Ley 27/2014, de 27 de Noviembre del Impuesto de Sociedades introduce en materia de incentivos fiscales la reserva de capitalización indicando en su artículo 25 que debe figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado.
  1. La Resolución de 14 de Abril de 2.015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción establece la información que, al respecto, las empresas deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Cuentas anuales

  1. La Resolución de 29 de Enero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la Información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.4, de la Resolución de 9 de Febrero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios, se modifica la nota de la memoria “situación fiscal” de las cuentas anuales individuales.
  1. Se incorpora nueva información de las hojas de solicitud de presentación en el Registro Mercantil y de datos generales de identificación.

 

Resolución de 26/02/2016, de la Dirección General de los Registro y del Notariado, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1968/2011 de 13 de Junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma (B.O.E. 09/03/2016).

 

Se modifica el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales consolidadas, aprobado por Orden JUS/1698/2011, de 13 de Junio, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” nº 146, de 20 de Junio de 2.011, debido a reformas puntuales de normativa contable.

Dicho modelo se publicará en la página web del Ministerio de Justicia. Las principales novedades son:

  1. La Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades introduce en materia de incentivos fiscales la reserva de capitalización indicando en su artículo 25 que debe figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado.
  1. La Resolución de 14/04/15, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción, establece la información que las empresas deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales y consolidadas.
  1. La Resolución de 29 de Enero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.5, de la Resolución de 9 de Febrero de 2.016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, se modifica la nota de la memoria “Situación Fiscal” de las cuentas anuales consolidadas.
  1. Se incorpora nueva información en las hojas de solicitud de presentación en el Registro Mercantil y de datos generales de identificación.
Por Ramón González-Babé
Socio responsable del Área Mercantil y Societaria
Oficina de Vigo.

¿Avala el TS la implantación del ‘Compliance’ Penal en las empresas?

Importante Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de fecha 29 de febrero de 2016 en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre ese aspecto y lo hace confirmando una Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, de fecha 17 de noviembre de 2014 que había condenado a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto por tráfico de droga escondida en maquinaria objeto de importación y exportación (por supuesto junto a las personas físicas autoras del delito en cuestión). En relación a una de las empresas, modifica la pena que procedía a la disolución de la misma debido a que contaba con una plantilla de más de cien personas al entender que no tenían que soportar los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe de pagar una multa de 775 millones de euros.

Compliance Penal

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal. En primer término, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica. Y en segundo lugar indica que “el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar en lo posible la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización, y que si “el delito cometido ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”

Esta sentencia, junto a la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 supone un paso importante en materia de ‘compliance’ o cumplimiento normativo, ya que permite a las empresas y a los asesores en este ámbito conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación.

La sentencia ha contado con el voto particular de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, quienes si bien comparten el fallo, discrepan de la doctrina sentada. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, al establecer que corresponde a la Acusación acreditar que por parte de la Empresa no se habían adoptado los instrumentos y medios eficaces para la prevención de los delitos. Y ello por cuanto la Circular de la Fiscalía indicaba que “es la propia empresa quien tiene los recursos y la posibilidad de acreditar que pese a la comisión del delito su programa era eficaz y cumplía los estándares exigidos legalmente”.

Termino con una consideración de la Circular que hemos de trasladar a las empresas, cuando señala que los modelos de organización y gestión no sólo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura empresarial, y la clave para valorar su eficacia radica en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento”.

En algunas ocasiones me preguntan si es obligatorio la implementación de un programa de cumplimiento normativo. Como tal no lo es, no hay precepto legal que lo imponga o que penalice la no implantación. Lo que el empresario debe tener presente es que hoy resulta imprescindible que en la empresa exista una cultura de cumplimiento de las normas por parte de los administradores y empleados, que conozcan las consecuencias de la comisión de hechos delictivos para la empresa y que la manera de evitar las gravosas penas para la misma es la implementación del compliance.

Por Ramón Amoedo
Socio responsable del Área Penal
Oficina de Vigo.

Publicado documento de trabajo de Javier Gómez sobre las obligaciones conexas.

La regulación de las obligaciones tributarias conexas es una de las grandes novedades de la nueva Ley General Tributaria. Nuestro socio responsable del área tributaria en la oficina de Vigo, Javier Gómez Taboada, hace años que investiga y estudia sobre la compleja interrelación entre las obligaciones conexas y la suspensión cautelar de las liquidaciones giradas por la Administración.

Javier Gómez Taboada

Su última contribución a este sangrante aspecto – que pone a los contribuyentes en una muy delicada situación cuando recurren a actuaciones de la Administración – ha merecido la atención del Instituto de Estudios Fiscales, ente dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dicho trabajo ha sido publicado bajo el formato «documento de trabajo», y tras su publicación ha merecido la atención de diversos diarios españoles.

Les adjuntamos el documento de trabajo elaborado por nuestro socio, así como el artículo que El Economista publica al respecto.

Leer: «El envés de las obligaciones conexas: ¿victoria del orden o derrota de la justicia?»

 

Leer artículo de El Economista

Sobre las cláusulas suelo.

En la mayoría de las ocasiones, cuando el prestatario va a firmar su hipoteca, únicamente considera la totalidad del dinero que se les presta, las cuotas que tendrán que abonar mes a mes y la duración total de la hipoteca.cláusula suelo

Sin embargo, bien por no ser experto en la materia, bien por la desinformación que caracteriza este tipo de contratación, no solemos ser conscientes de conceptos tales como el vencimiento anticipado, pacto de liquidez o de la famosa “cláusula suelo” y de cómo su aplicación puede incrementar considerablemente las cantidades abonadas a través de las cuotas de amortización.

Incluso aunque se lleguen a comprender, la rigidez de este tipo de contratos (de adhesión), impediría, en la práctica, una negociación exitosa de dichos conceptos con la entidad bancaria, incluidos en determinadas cláusulas de la escritura, antes de su firma.

Qué es una cláusula suelo y cómo detectarla en su escritura de préstamo.

 

La cláusula suelo es una cláusula incluida en los contratos de préstamo hipotecario a tipo variable, por la que se establece un límite a la variación del tipo de interés. En otras palabras, es el tipo de interés mínimo que el cliente pagará, aunque el tipo de referencia pactado, Euribor en la mayoría de los casos, esté por debajo.firma contrato

Esto significa, en la práctica, que el prestatario no pueda beneficiarse de las bajadas del Euribor. Por ello, la existencia de las cláusulas suelo ha cobrado importancia debido, fundamentalmente, a la progresiva bajada que ha sufrido el Euribor en los últimos años.

Al no aparecer expresamente ‘Cláusula suelo’ en la escritura del préstamo, muchos usuarios desconocen que se les está aplicando. Se suelen incluir bajo la denominación de “límites” o “fluctuaciones de variabilidad del tipo de interés”, dentro del apartado del préstamo relativo a los INTERESES.

 

¿En qué casos son abusivas las cláusulas suelo?

 

La inclusión de una cláusula suelo en un préstamo hipotecario es, en principio, legal. Sin embargo, tal y como ha resuelto el Tribunal Supremo en la famosa sentencia de 9 de mayo de 2013, que ha sentado doctrina en esta materia, no se cuestiona su legalidad sino la falta de transparencia e información suministrada al cliente a la hora de formalizar el contrato.

Pues bien, dichas cláusulas serán abusivas, de conformidad con la normativa de protección de consumidores y usuarios (únicamente aplicable, hasta la fecha, a personas físicas), y por lo tanto, nulas, si el proceso de contratación no fue transparente. El Tribunal Supremo fijó además unas condiciones para establecer esa transparencia, por ejemplo, si se ofreció información suficientemente clara de que se trataba de un elemento definitorio del contrato y si se le mostraron simulaciones concretas de escenarios donde los tipos de interés suben o bajan mucho.

Lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, se puede demostrar que la entidad en cuestión no facilitó la información adecuada y por ello que se declaren abusivas.

 

¿Cuál sería el efecto de la declaración de nulidad de una cláusula suelo por abusiva? ¿Desde cuándo debería devolverse lo cobrado indebidamente en base a la misma?

 

Si se declara la nulidad de una cláusula abusiva, debe considerarse como “no puesta” en el contrato, es decir, como si nunca hubiera existido. La consecuencia, en el caso de las cláusulas suelo, es que el Banco deberá devolver los intereses que el cliente hubiera pagado por aplicación de dicha cláusula.

La gran pregunta es si la entidad bancaria está obligada a devolver las cantidades indebidamente cobradas desde el inicio del contrato.

El Tribunal Supremo aclaró esta cuestión en su sentencia de 25 de marzo de 2015 por la que estableció que los consumidores pueden pedir la devolución de las cantidades cobradas de más, pero solo a partir del 9 de mayo de 2013 en adelante y no desde la firma del préstamo hipotecario. En este sentido, están resolviendo los tribunales.

No obstante, la Comisión Europea se ha pronunciado en un informe de 13 de julio de 2015, que la nulidad y sus consecuencias deben aplicarse desde que se incluyó (la cláusula) en el contrato, es decir, desde la fecha de formalización del mismo.  

Para que pueda producirse un cambio legislativo, habrá que estar a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente lo hará bien entrado el año 2016.

Para aquellos casos en los que ya se haya acudido a los tribunales, depende del estado del procedimiento. Si ya hay sentencia, por seguridad jurídica dice el informe de la Comisión que regirá el principio de «cosa juzgada», por lo que no se podrá volver a reclamar. Si la demanda está en trámite, dependerá de si se pidió la retroactividad a la fecha de la hipoteca o solo a 9 de mayo de 2013 y de lo que dicte el juez.

Mientras tanto, muchos tribunales han solicitado, por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se resuelva esta cuestión. En concreto, el último de ellos ha sido la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado mes de diciembre.

 

¿Cómo puedo eliminar la cláusula suelo de mi hipoteca?

 

Si sabe que su hipoteca contiene cláusula suelo, en primer lugar, lo más aconsejable es intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con la entidad bancaria para que la elimine. Además, conviene exigir que se devuelvan las cantidades cobradas de más.

Posteriormente, se puede acudir al Banco de España, cuyo veredicto no es vinculante para la entidad, pero tendrá un peso específico a la hora de acudir a la vía judicial.

No obstante, es preciso tener en cuenta que, muchas veces cuando se contacta con el banco, éste ofrece una reducción o eliminación temporal o definitiva de la cláusula, sin embargo, este ofrecimiento siempre esconde un acuerdo mediante el cual «el cliente renuncia a cualquier reclamación por razón de la cláusula suelo».  Es por ello que, se aconseja que antes de llegar a este tipo de acuerdos con la entidad financiera, se consulte con profesionales que asesoren acerca de las consecuencias del referido acuerdo.

Por Paula Martínez Molares,
Abogada asociada del Despacho de Vigo.

 

 

Si usted sospecha de que alguno de sus créditos hipotecarios pueda incluir una cláusula suelo, y está interesado en recibir información y asesoramiento al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.