Ignacio Arráez, socio del área Fiscal de MAIO Legal y vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), ha analizado en Expansión el impacto del Real Decreto aprobado recientemente que, a partir de 2026, obligará a las entidades financieras a informar a la Agencia Tributaria sobre el total de las operaciones realizadas mediante Bizum por empresas y profesionales.
En su análisis, Ignacio Arráez subraya que la medida refuerza el control fiscal, pero advierte de que su aplicación debe respetar el principio de proporcionalidad. Considera que exigir la declaración de operaciones de importe reducido puede resultar desproporcionado además de generar una carga administrativa innecesaria.
Asimismo, señala como uno de los principales retos la dificultad de diferenciar entre pagos personales y profesionales en los entornos mixtos, especialmente en el caso de trabajadores autónomos, lo que podría derivar en conflictos interpretativos con la Administración tributaria.
